Sin embargo, en medio de tantos frentes de resistencia, salta a la vista la aprobación, en el último mes de abril, de un proyecto de ley que garantiza más derechos a la población migrante y pone fin al Estatuto del Extranjero, una norma creada durante la dictadura militar (1964-1981) que regulaba la política migratoria desde la perspectiva de la seguridad nacional.

Aunque todavía dependa de la sanción presidencial y de regulación y aplicación adecuadas, la decisión de las y los parlamentarios fue ampliamente celebrada por la sociedad civil brasileña, que desde hace años luchaba por la revisión de dicho Estatuto. También posiciona a Brasil en la vanguardia internacional en materia de migraciones, sobre todo en un momento de endurecimiento del control fronterizo en todas las partes, incluso en la vecina Argentina, país que había sido pionero en la región al adoptar una ley de migraciones con perspectiva de derechos humanos.

Con la nueva ley brasileña, migrantes de todas las nacionalidades pasan a tener derechos como, por ejemplo, poder participar en manifestaciones y sindicatos. De igual modo, ahora nadie podrá ser privado se su libertad simplemente por no contar con toda la documentación en regla. Se ha facilitado el proceso para la obtención de documentos y permisos, lo que amplía el acceso a derechos y beneficios sociales.

El proyecto aprobado consolida la política de concesión de los llamados “visados humanitarios”, antes concedidos provisionalmente apenas a personas de nacionalidad haitiana y siria, y más recientemente venezolana. También garantiza nuevos instrumentos de lucha contra la xenofobia y la discriminación.

Como se ve, el avance es significativo y por eso mismo el texto enfrenta resistencia por parte de los sectores más conservadores de la sociedad, que se han movilizado para pedir el veto presidencial.  Como fórmula para descalificar la propuesta repiten mantras que se escuchan en Europa y Estados Unidos y que asocian las migraciones al aumento de la criminalidad y de la amenaza terrorista. Su discurso también ignora la amplia participación social en el proceso de discusión de la nueva ley, además del diálogo suprapartidario que permitió la aprobación casi unánime del texto en un Congreso gravemente fracturado por el proceso de destitución de la ex presidenta Dilma Rousseff.

En respuesta a esta presión, más de cien organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales firmaron en mayo una carta conjunta pidiendo al presidente Michel Temer la sanción integral del texto. La sanción por parte del gobierno llegó algunas semanas después. A pesar de que el presidente vetó veinte artículos del texto (entre ellos, uno que concedía amnistía a las personas migrantes que ya estaban en Brasil antes de julio de 2016), se preservó el núcleo de la ley, lo que muestra que Brasil está caminando en sentido contrario a los países que han cerrado sus fronteras.

Camila Lissa Asano y Pétalla Brandão Timo forman parte de la ONG brasileña Conectas Derechos Humanos. Camila Lissa coordina el programa de Política Exterior y Pétalla Brandão representa en Brasilia a la organización.

Artículo traducido del portugués por Laura Toledo Daudén.

Artículo publicado en el nº74 de Pueblos – Revista de Información y Debate, tercer trimestre de 2017.

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