Sungju (cuyo nombre significa “pueblo de estrellas”) está situado en una zona rural del sureste de Corea del Sur, con una población mayoritariamente campesina cercana a las 4.000 personas y famoso por el cultivo de melón oriental (cham-oe), una de las frutas tradicionales del país. Se trata de un pueblo cuya población quiere vivir felizmente con su familia y comunidad en la tierra donde han residido sus ancestros y seguir trabajándola y manteniéndola en el futuro. Sin embargo su modo de vida se ha visto amenazado en estos últimos años por el proyecto de instalación de un escudo antimisiles denominado THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), frente al cual se han organizado. El pueblo y la península coreana quieren la paz, no la guerra.
Desde hace muchos años en Guatemala se vienen realizando luchas en defensa de la madre naturaleza y el territorio de los pueblos originarios. Actualmente esta tierra está siendo afectada por el impulso de monocultivos, hidroeléctricas y minería, impactando en la organización social de los pueblos y alterando nuestras formas de vida comunitaria. Por ello luchamos por la fundación del Estado plurinacional de los pueblos.
Vivimos inmersos en un sistema dual de alimentación, donde unas élites se alimentan cada vez mejor y una inmensa mayoría lo hacemos cada vez peor, pagando con nuestra salud el beneficio de un puñado de multinacionales.
Extremadura cuenta con, al menos, una decena de grupos de consumo ecológico, uno por cada ciudad o población de tamaño medio de la región. Con diferentes modelos de organización, todos se basan en facilitar el acceso a productos de calidad sin intermediarios: quiénes producen y quiénes consumen de manera responsable se unen en un mismo espacio.
El país más pequeño de Centroamérica se encuentra amenazado por el cambio climático, que constituye uno de los grandes retos del país, ya que condena a gran parte de la población salvadoreña a vivir en estado de inseguridad permanente. Una situación que, de no cambiar el contexto, ha llegado para quedarse.
La constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada en 1999 definió al país como un “estado democrático y social de derecho y de justicia” y estableció la igualdad, la prosperidad y el bienestar del pueblo como principios de obligado cumplimiento. Las garantías aprobadas en la norma han guiado una política social que ha permitido la reducción de la pobreza[1] y el acceso a los derechos sociales para millones de personas, al punto de lograr el cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio antes de 2015.
