Gobernismo o confrontación. Ese ha sido el dilema estratégico que desde el principio ha atenazado a los llamados “ayuntamientos del cambio”. Y es que a la hora de llevar a la práctica sus programas electorales se han topado una y otra vez con una disyuntiva que, en el caso de Madrid, se ha resuelto definitivamente con el cese del responsable de Economía y la aceptación de los recortes presupuestarios exigidos por el ministro de Hacienda.
La puesta en marcha de alternativas locales, tanto a nivel institucional como desde las organizaciones sociales, que puedan servir de contrapoder frente a las empresas transnacionales y disputarles la centralidad en el sistema socioeconómico choca, aquí y ahora, con la fortaleza de la lex mercatoria. No en vano, el objetivo del entramado jurídico global que durante las últimas décadas han venido construyendo las grandes corporaciones, las instituciones económico-financieras internacionales y los Estados centrales es precisamente ese: asegurar los negocios de las multinacionales y blindar sus “derechos”, pasando por encima de los derechos fundamentales de las mayorías sociales, la soberanía de los pueblos y la propia democracia[1].
