Gobernismo o confrontación. Ese ha sido el dilema estratégico que desde el principio ha atenazado a los llamados “ayuntamientos del cambio”. Y es que a la hora de llevar a la práctica sus programas electorales se han topado una y otra vez con una disyuntiva que, en el caso de Madrid, se ha resuelto definitivamente con el cese del responsable de Economía y la aceptación de los recortes presupuestarios exigidos por el ministro de Hacienda.
Las voces de activistas y comunidades afectadas por los impactos de las empresas trasnacionales se volvieron a expresar en octubre del pasado año en la sede de Naciones Unidas en Ginebra. Era la tercera sesión del grupo de trabajo intergubernamental que tiene el mandato de crear normas que obliguen a las compañías multinacionales a respetar los derechos humanos.
Políticos y empresarios, cómo no. Pero también periodistas, jueces, policías, fiscales, espías, testaferros y familiares. En la llamada operación Lezo, la investigación judicial que salió a la luz a mediados de abril con el registro de las oficinas del Canal de Isabel II y la detención de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, se incluyen acusaciones de corrupción a decenas de altos cargos de la clase político-empresarial madrileña. Un caso de libro (hasta la fecha, posiblemente sea el que mejor ilustra cómo se han dispuesto los recursos del Estado a disposición de los intereses de las élites) para mostrar cómo funciona el entramado de corruptelas, delitos económicos y chanchullos de todo tipo que ha sido el modus operandi habitual para la expansión del capitalismo español desde sus inicios.
América Latina está viviendo un cambio de ciclo. En los últimos años, los gobiernos progresistas —que no son un bloque homogéneo: la relación de fuerzas y el grado en el que se han producido cambios sociales, políticos y culturales han sido muy distintos en Brasil y Argentina, por un lado, y en Venezuela, Bolivia y Ecuador, por otro— se han enfrentado a toda una serie de dificultades que finalmente han puesto en entredicho su hegemonía en la región. Veamos algunos de los elementos clave de lo que ya podemos caracterizar como el fin de un ciclo.
La fuerte oposición social encabezada por Berta Cáceres evitó la construcción de una obra que supondría la destrucción de un ecosistema sagrado para el pueblo lenca y el desplazamiento de cientos de personas.
Los “principios éticos”, a pesar de que están recogidos en los códigos de “responsabilidad social” de las grandes empresas españolas, entran en contradicción con las prácticas cotidianas de estas mismas compañías.
