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(Cast) Una apuesta por los derechos humanos y el cambio social desde la comunicación transformadora

Ser, hoy en día, personas rebeldes, inconformistas, críticas y apostar por procesos de transformación y de emancipación social ha de ser un objetivo compartido entre la ciudadanía, incluido el sector periodístico y el de las ONGD. El panorama global al que nos enfrentamos nos exige trabajar en esa dirección desde distintos ámbitos. Una herramienta fundamental es la comunicación, concebida como aquella que, de manera transversal, pretende dar protagonismo a voces silenciadas, dar cabida a temas considerados tabú durante mucho tiempo y a historias ocultas y que, sobre todo, favorece un enfoque crítico de la realidad con el objetivo de enfrentarse a un modelo como el actual: capitalista-depredador y heteropatriarcal.

Materiales para un periodismo democrático

En alguna conferencia el periodista y escritor Pascual Serrano ha afirmado que la izquierda ha de superar la “fase plañidera” en torno al actual debate mediático, y plantear alternativas serias al vigente estado de cosas. Entrar en una fase propositiva que supere la queja inútil y así poder avanzar. Es lo que Serrano ya hizo en “Contra la neutralidad” (Península), en 2011, donde proponía como ejemplo de periodismo riguroso y comprometido las experiencias de varios reporteros de fuste: Ryszard Kapuscinski, John Reed, Robert Capa, Rodolfo Walsh o Edgar Snow. En “La Prensa ha muerto: ¡Viva la prensa!” (Península) el periodista hace algo parecido. Describe las experiencias de medios y periodistas que han explorado vías distintas a la del paradigma neoliberal.

En Argentina tenemos ley. ¿Cómo logramos el cambio?

Las leyes son palabra escrita y mucho más. Son el mapa en el cual nos podemos mover como sociedades modernas. Y cuando, además, son leyes construidas socialmente, debatidas y resistidas por las personas poderosas, denotan mucho más que ese marco normativo y develan cambios sociales necesarios. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) fue sancionada en Argentina en octubre de 2009, luego de una construcción social rica y participativa y de la voluntad política del Gobierno[1]. Sin embargo, hicieron falta cuatro años más para que se pronunciara la Justicia sobre el último de los obstáculos jurídicos que pusieron los medios y para que se pudiera avanzar sobre la concentración de medios y los oligopolios.