El papel de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) ha sido fundamental para confrontar al poder corporativo. Cuando los Estados fallan en sus obligaciones de respetar los derechos humanos y proteger el medio ambiente frente a las actividades empresariales, las OSC han respondido mediante una variedad de estrategias y tácticas para intentar corregir las externalidades negativas características del actual modelo económico global.
¿Es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible[1] una propuesta suficientemente enérgica y adecuadamente orientada para transformar un modelo de desarrollo que pone en riesgo la sostenibilidad de la vida y del planeta? La pregunta, aunque necesaria, es aún de difícil respuesta. En primer lugar, porque aunque la Agenda fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas hace casi ya dos años y entró en vigor en enero de 2016, todavía no ha sido plenamente definida. El marco de indicadores globales para su desarrollo y seguimiento no estará cerrado en el corto plazo y está pendiente aún su concreción en espacios regionales, nacionales y locales. Así pues, la forma en la que se concreten los procesos pendientes en torno a la Agenda 2030 marcará su orientación y su potencial. De cómo se interpreten y se concreten elementos como su carácter integral, o su capacidad de prescribir políticas públicas, dependerá enormemente su capacidad transformadora.
La puesta en marcha de alternativas locales, tanto a nivel institucional como desde las organizaciones sociales, que puedan servir de contrapoder frente a las empresas transnacionales y disputarles la centralidad en el sistema socioeconómico choca, aquí y ahora, con la fortaleza de la lex mercatoria. No en vano, el objetivo del entramado jurídico global que durante las últimas décadas han venido construyendo las grandes corporaciones, las instituciones económico-financieras internacionales y los Estados centrales es precisamente ese: asegurar los negocios de las multinacionales y blindar sus “derechos”, pasando por encima de los derechos fundamentales de las mayorías sociales, la soberanía de los pueblos y la propia democracia[1].
Con la expansión del capitalismo global y el aumento del poder de las grandes corporaciones se han multiplicado por todo el planeta las luchas sociales que ponen en cuestión la centralidad de las empresas transnacionales en el modelo de “desarrollo”. En las últimas décadas, confrontando la visión hegemónica que sitúa al crecimiento económico y al sector privado como pilares del “progreso” para toda la sociedad, han surgido múltiples procesos de resistencia que se enfrentan a la creciente mercantilización y privatización de cada vez más esferas de nuestra vida. Junto con todas estas experiencias, impulsadas en buena medida por organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales emancipadores, han cristalizado también distintos paradigmas y marcos de referencia alternativos a la modernidad capitalista.
El 'Tratado Internacional de los Pueblos' para el control de las empresas transnacionales es un documento publicado en 2014 fruto del trabajo conjunto de movimientos sociales, pueblos originarios, sindicalistas, expertos/as, activistas y comunidades, apoyados también por las organizaciones que conforman la campaña 'Desmantelando el Poder Corporativo'.
Desde finales de 2010, Sudáfrica se enfrenta a un posible retroceso en materia de Derechos Humanos. El motivo, el proyecto de Ley de Información del Estado que el gobierno del Congreso Nacional Africano (ANC, por sus siglas en inglés) pretende aprobar. Sin embargo, la existencia de una sociedad civil activa capaz de encontrar alianzas transnacionales ha logrado que su aprobación definitiva se haya retrasado casi dos años.
