Detrás del membrete de cruzada contra el narcotráfico, el Plan Colombia, diseñado por el gobierno de Andrés Pastrana y asesores estadounidenses, y puesto en vigor por el presidente Bill Clinton, oculta oscuros intereses tanto de Washington como de la oligarquía “paisa”. El objetivo geopolítico de EE. UU. pasa por consolidar su hegemonía unipolar. De ese propósito se derivan reasegurar el control político-militar del norte de Sudamérica, establecer bases militares para apropiarse de los recursos naturales de la Amazonía, despoblar territorios, debilitar la gravitación geopolítica del Brasil, y, en fin, evangelizar a los “sudacas” en el culto al mercado.
En el terreno estrictamente económico, el plan busca reforzar las columnas del capital financiero norteamericano. Así, los fondos provistos para el mismo tuvieron de inmediato como destino la compra de helicópteros Blackhawks, que sólo se fabrican en EE. UU. Y, según el Nuevo Herald, las fumigaciones de los cultivos de coca y amapola se realizaron con el Roundup, un agrotóxico de la Monsanto.
En tiempos de George W. Bush, el Plan Colombia fue redefinido con el sarcástico nombre de Iniciativa Regional Andina (IRA), con el abierto propósito de internacionalizar el conflicto e incorporarlo a la campaña mundial contra el terrorismo para “neutralizar” a los disidentes de la globalización corporativa.
Factores endógenos
del Plan Colombia
La crisis cafetalera colombiana de los años 70 derivó en problemas económicos, sociales, políticos e institucionales. Así, el país se convirtió en un importante productor y exportador de drogas al mercado estadounidense, fenómeno inducido por el aperturismo comercial de los gobiernos liberales a tenor de las imposiciones del FMI y el Banco Mundial.
La apertura colombiana a la importación de bienes producidos por el agrobusiness norteamericano provocó la ruina de los campesinos y los forzó al éxodo a las ciudades o a subsistir con cultivos no tradicionales. Esta “reconversión” de la agricultura resultó en la constitución de una matriz productiva con l00.000 familias y dio paso a procesos de industrialización y comercialización del cáñamo, la coca y la amapola.
Además de defender su cuota en el gran pastel del narcotráfico, la oligarquía encontró en el Plan Colombia la mejor coartada para impulsar su “reforma agraria”, consistente en expulsar de sus asentamientos a los campesinos y a las comunidades indígenas, apropiarse de sus tierras a través del Ejército y los paramilitares, e integrar latifundios para el cultivo de producciones congruentes con la nueva división internacional del trabajo promovida por el capital transnacional.
El debilitamiento multifacético de Colombia que, incluso, le ha llevado a la pérdida del control estatal de vastas extensiones de su territorio y de la mitad de sus municipios, abrirá un ancho cauce para el intervencionismo estadounidense que, blandiendo el mito de la “sociedad sin drogas”, ha criminalizado a la nación andina con el propósito de legitimar una guerra neocolonialista.
Mahuad entrega la Base
de Manta
Las relaciones colombo-ecuatorianas venían desenvolviéndose en el marco de una tradición de respeto mutuo y solución pacífica de las controversias. La política exterior del demócrata cristiano Jamil Mahuad, presionada por la Administración Clinton, rompió con esa trayectoria.
Un hito crucial en la incorporación del Ecuador a la guerra civil colombiana lo constituyó la cesión de la Base Aérea de Manta a EE. UU. El investigador Marcelo Larrea precisa el sentido de esa entrega: “La base aérea de Howard en Panamá, involucrada en diversas operaciones de intervención militar de Estados Unidos en América Latina, ha transferido y extendido sus operaciones al Ecuador, Aruba y El Salvador, a través de los llamados Forward Operating Location (FOLs) o Centros de Operaciones Avanzadas (COA). A través de las acciones del COA, sobre las cuales el Ecuador no tiene ningún control, Manta se ha transformado en una cabeza de playa de los Estados Unidos para intervenir militarmente en Colombia, involucrando al país en la violación cotidiana a los derechos de autonomía y autodeterminación del pueblo colombiano”. (ADITAL. Universidad de Cuenca, agosto de 2002).
Tiempo después, Gallardo pretendió justificar la cesión del fortín en razón de carencias fiscales para costear algunas instalaciones. La entrega de la base y la conversión del país en “ojos y oídos” del Plan Colombia se convirtieron en detonantes adicionales del levantamiento popular que liquidó al régimen de Mahuad en enero de 2000, durante la Revolución del Arco Iris.
Noboa y la “diplomacia
del sombrero”
Gustavo Noboa no sólo amplió las concesiones del control de la Base de Manta, sino que, coincidiendo con las demandas de Washington y Bogotá, reforzó el blindaje de la frontera norte. También anunció un Plan Ecuador, preparado para regatear migajas del Plan Colombia.
Tras la ruptura del diálogo entre Pastrana y las FARC, la lucha armada subió en intensidad. Frente al nuevo escenario, Moeller, ministro de Exteriores, endureció los adjetivos contra las guerrillas izquierdistas, descalificando aún más al Ecuador como eventual mediador en la contienda. Postura tanto más irreflexiva si se considera que, después de Colombia, el Ecuador era el país que venía arrostrando los peores impactos del plan, identificables en el incremento de los gastos militares, la caída del comercio, el castigo a la población con las fumigaciones, la destrucción de sus cultivos de subsistencia, el aumento de la migración interna, la acogida a miles de refugiados, la violencia …
Gutiérrez, peón de Bush y Uribe
El triunfo de Álvaro Uribe en las elecciones de 2002 preludió una escalada de la guerra civil al quemar las naves para una solución negociada y emprender una ofensiva diplomática en la perspectiva sustentar una salida militar.
A un radical programa fondo monetarista, Uribe ha añadido un plan político-militar con la declaratoria del Estado de Conmoción y la consecuente anulación de los derechos civiles, la creación de un ejército paralelo de campesinos y paramilitares, la red del millón de informantes, la intensificación de los bombardeos de poblaciones, el establecimiento de aldeas estratégicas, el incremento de los operativos de fumigación y la incorporación de tropas y mercenarios norteamericanos adicionales.
La acción diplomática “uribista” también ha sido infatigable. Tras asistir al juramento presidencial de Lucio Gutiérrez, Uribe pidió a la Casa Blanca que liderara “un masivo despliegue naval y aéreo, similar al que moviliza en el Golfo Pérsico”. Poco después, alentó la Declaración de Panamá, por la cual los países del Istmo y Argentina acordaron cooperar con el gobierno colombiano en su lucha contra los narcotraficantes y guerrilleros. El l2 de marzo de 2003 reunió en Bogotá una Cumbre sobre Seguridad con la pretensión de forzar a que Brasil, Venezuela y Ecuador declaran “terroristas” a las FARC, decisión que la OEA había negado.
Por su parte, Lucio Gutiérrez exhibió la tesis de la neutralidad frente al conflicto armado de Colombia, pero una vez en el poder, condujo al Ecuador a una mayor injerencia. Su visita a EE.UU. en febrero del 2003 marcó el viraje. En la ocasión, declaró: “Debemos apoyar, todos, de manera protagónica a Álvaro Uribe”. En plena austeridad fondo monetarista, dispuso una descomunal alza del presupuesto de Defensa. Otra prueba de la escalada de Ecuador en la estrategia del eje Washington-Bogotá se cumplió en agosto de 2003 con motivo de la visita de Uribe a Quito. Éste ignoró una demanda para que delimitara las fumigaciones en Nariño y Putumayo, y comprometió al país a profundizar su rol de “ojos, oídos y yunque” contra las FARC y el ELN. Dócilmente, Gutiérrez suscribió las nuevas tareas. En compensación, el Señor de las Sombras, identificación de Uribe según Newsweek, habría admitido negociar salvaguardias comerciales para Ecuador.
“Diplomacia arrodillada”
Tras la ruptura con el movimiento indígena representado por la CONAIE y Pachacutik, una constelación de episodios jalonaron la acción diplomática del gobierno de Gutiérrez. Entre ellos, la designación como canciller de Patricio Zuquilanda, a sugerencia de la embajadora estadounidense Kristie Kenney, y la firma de un acuerdo con Bogotá para ceder a Colombia la gestión de un puesto de control migratorio. En la ocasión, el tándem Gutiérrez-Zuquilanda retiró una demanda para que se delimitasen las fumigaciones en la zona fronteriza a cambio de una comisión científica binacional que dictaminara sobre los efectos de los agrotóxicos.
A ello hay que añadir el silencio del Gobierno ante las denuncias “corrupción” de Bush sobre ventas de armas a grupos irregulares colombianos, las timoratas declaraciones cuando la DEA encarceló a narcotraficantes de los cárteles de Portoviejo y Sinaloa con el objetivo de que Ecuador se involucrara más en la guerra civil colombiana, o la escasa respuesta a Uribe cuando embistió por la supuesta entrega de un “rocket” a los seguidores de Marulanda, arma que habría sido utilizada en un atentado contra del dirigente empresarial Jorge Visbal. También destaca la contratación de la estadounidense Dyncorp (conocida por su “especialización” en guerra química, torturas, prostitución infantil) para suministrar asistencia técnica a la FAE. La opinión pública forzó a rescindir el contrato.
Otro episodio fue un acuerdo con el Pentágono para que, con el pretexto de la instalación de estaciones de acopio de materiales sanitarios, se hiciera con nuevas bases. Desatado el escándalo en el Congreso, el convenio fue anulado. A este hecho se suman las posturas frente a la violación de la soberanía perpetrada en el operativo montado por la CIA, el FBI y la policía norteña que culminó con la captura de Simón Trinidad, dirigente de las FARC.
Sobre la puesta en marcha de una “matriz de seguridad” fronteriza, el ministro de Defensa, Nelson Herrera, declaró no tener conocimiento alguno, mientras que la apropiación pretendidamente legal de la isla Baltra por parte de la FAE acabó bloqueada por la presión de los medios y un informe de la Procuraduría.
Una denuncia de la ALDHU sobre el hundimiento a cañonazos de embarcaciones ecuatorianas en los límites constitucionales de las 200 millas territoriales dio pábulo a nuevos sucesos indignantes. El hecho es que, pese al reconocimiento oficial de Estados Unidos de su responsabilidad en las exacciones, Zuquilanda requirió de “pruebas contundentes” antes de elevar la protesta.
En lo inmediato, el Plan colombo-estadounidense se ha concretado en la movilización de entre 15.000 y 18.000 efectivos con la misión de empujar hacia el sur a las FARC y el ELN, así como en el “reciclamiento” de los paramilitares de las AUC.
Palacio: ¿traición
al nacionalismo?
La “explosión” social que el pasado 20 abril dio al traste con el desgobierno de Lucio Gutiérrez. Esta eclosión policlasista, amén de un cuestionamiento contra el neoliberalismo, tiene explicación en el malestar que generara su “diplomacia arrodillada”. Al punto que el sucesor del “dictócrata”, Alfredo Palacio, inició su gestión declarando que el Plan Colombia era un “problema de los colombianos”.
La influencia inicial del nacionalismo cristalizó en la designación como canciller de Antonio Parra Gil, un prestigioso tratadista de Derecho Internacional. Durante su breve gestión, Parra emprendió acciones para reposicionar al Ecuador frente al conflicto armado colombiano.
Al anuncio de la revisión del inconstitucional acuerdo de cesión de la Base de Manta, añadió la declaratoria de neutralidad frente a la citada guerra civil, la impugnación del rol de “yunque” asignado a las Fuerzas Armadas, la renuncia a identificar a las FARC como grupo “terrorista”, la negativa a firmar la inmunidad para los diplomáticos, tropas y mercenarios norteamericanos por crímenes y actos de corrupción que pudiesen cometer en estas latitudes, la disposición a enjuiciar a Bogotá en tribunales internacionales por las fumigaciones fronterizas ordenadas por Uribe, etc.
Las maniobras contra del “canciller de la dignidad” no tardaron en llegar orquestadas por la gran prensa. A las presiones de Bush Jr. y Uribe, se sumaron las acciones de los nostálgicos de Patricio Zuquilanda. En el frente parlamentario, el Partido Social Cristiano encabezó la ofensiva. El relevo de Parra por Francisco Carrión se cumplió en nombre de la “moderación” y el “pragmatismo”.
Purgada el ala nacionalista-bolivariana y envuelto en distintos affaires de corrupción, con la salida de Antonio Parra el nuevo inquilino de Carondelet parece haber cedido también a las presiones de EE.UU. y Colombia. Esto explicaría que se hayan reanudado en el país las operaciones policiales conjuntas encaminadas a la captura y deportación de insurgentes colombianos y que el espectro de una guerra fratricida vuelva a asumir sus temibles formas concretas.
*René Báez es miembro de International Writers Association. Este artículo fue publicado originalmente en la Revista PUEBLOS de Diciembre de 2005.
