Campaña Tierra en Mozambique: una victoria de la sociedad civil

A finales de la década de los 90, en el contexto de la posguerra y la transición económica en Mozambique, surge uno de los mayores movimientos sociales, la Campaña Tierra, liderada por el conocido académico y activista José Negrão. Constituida por diferentes organizaciones de la sociedad civil mozambiqueña, el objetivo de la Campaña es la defensa del derecho a la tierra.

Hoy en día existe un amplio consenso sobre que la reducción de la pobreza en África tiene que pasar obligatoriamente por el crecimiento del producto agrario. Pero también resulta evidente que el actual sistema económico capitalista no va a sufrir una transformación estructural en los próximos años. El sistema de relaciones económicas desiguales e injustas va a persistir, los campesinos africanos seguirán vendiendo sus productos a bajos precios y no se producirá una inversión significativa en agricultura capaz de absorber a los centenares de millones de campesinos del continente africano.

En este contexto, “Tierra para todos” se convierte en una condición indispensable para la reproducción social y la seguridad alimentaria de millones de campesinos africanos. La tierra representa el activo principal para cubrir las necesidades básicas de la mayoría de la población de países como Mozambique y, por tanto, la forma en que ésta es adjudicada, controlada y heredada constituye una de las bases más importantes de la socialización de las comunidades rurales. El consumo, la producción y la distribución de la tierra de una familia rural están directamente ligados a las normas consuetudinarias que definen el acceso, el control y la posesión de la misma.

Modelos neoliberales: más campesinos sin tierra

En la década de los años 90 se reinician nuevas políticas de ajuste estructural de las economías africanas y con ello surge nueva política de tierras para el continente. Según establece el Banco Mundial, la nueva política tiene como base el presupuesto de que la titulación individual de la tierra significaría una reducción de los costes de transacción, además de un incremento de la eficiencia económica de las empresas y del desarrollo de un mercado de tierras. En definitiva, la tierra tiene que ser titulada para asegurar los derechos de propiedad y poder lograr el acceso al crédito, lo que posteriormente permitiría que se transformaran en empresas.

Pero a lo largo de la década de los años 90, lo único que se evidenció fue que la aplicación de esta clase política en el continente africano implicó un aumento de la vulnerabilidad alimentaria de la población, poniendo en riesgo la reproducción social de los grupos sociales más pobres. La evidencia demostró que en las actuales condiciones rurales africanas, la racionalidad individual de tipo empresarial no sólo no es exclusiva, sino que también acarrea desventajas para los más pobres y para las mujeres jefas de familia [1].

Se verificó que no existía una correlación positiva entre la tierra titulada y el acceso al crédito, y que el mercado de tierras se encontraba totalmente distorsionado por la intervención estatal, que marca una tendencia para la concentración de tierras en las familias que constituyen las elites en el poder. Esta concentración también se daba en empresas extranjeras. Todo ello llegó a poner en grave riesgo la seguridad alimentaria de los pobres.

En síntesis, donde se realizó la reforma de la tierra de acuerdo a los modelos neoiberales en lugar de que producirse el acceso a la tierra con fines productivos, se verificó una especulación del suelo, incrementándose el número de personas sin tierra que se vieron obligadas a alquilar la tierra a grandes latifundistas.

La Campaña Tierra y la nueva ley

Este es el contexto en el que surge la Campaña Tierra. Constituida por una base muy amplia, incluye cerca de 200 organizaciones que trabajaban a varios niveles -nacional, provincial y comunitario- y con diferentes filiaciones tanto políticas como sociales y religiosas.

El movimiento nace durante la posguerra mozambiqueña y el proceso de transición de una economía centralizada de cariz socialista hacia una economía capitalista de mercado libre. En esta situación de posguerra y transición económica se inicia, por una parte, el retorno de muchos deslocados (desplazados por la guerra) a las tierras de origen en las zonas rurales; por otro lado, comienza el reajuste estructural económico que abría nuevas perspectivas para la inversión en las zonas rurales por la vía de la reprivatización de las exploraciones agrícolas estatales. Era evidente la posibilidad de que emergieran conflictos de tierra y por tanto la necesidad de revisar la Ley de Tierras de 1979. Esta norma no sólo daba al Estado y al partido de la FRELIMO [2] unas primacías excesivas que ayudaban al desarrollo de la corrupción, sino que también estimulaba la especulación de tierras [3].

A mediados de 1995, fue constituida una Comisión Interministerial de Tierras, con el objetivo de diseñar una política y elaborar una nueva versión de la Ley de Tierras. El Secretariado Técnico se transformó en el órgano ejecutivo, encabezado por Conceição Cuadros y José Negrão, un respetado profesor e investigador de Desarrollo Rural de la Universidad Eduardo Mondlane, que desempeñó un papel importante y esencial en la elaboración de la ley y posteriormente en el liderazgo de la Campaña Tierra para la divulgación de la nueva norma.

Durante los debates para la preparación de la Ley de Tierra, distintas organizaciones y personalidades públicas participaron en las discusiones de los anteproyectos, bajo la responsabilidad del Secretariado Técnico de la Comisión Interministerial de Tierras, con el fin de defender los derechos colectivos de tierra y proteger a aquellos grupos más vulnerables, los campesinos mozambiqueños [4].

Es en este momento concreto cuando se materializa la Campaña Tierra. Al principio no constituía una campaña claramente estructurada. Se trataba fundamentalmente de sensibilidades que cubrían un amplio espectro de grupos y de intereses sociales, y que abarcaban desde iglesias, asociaciones, cooperativas, organizaciones no gubernamentales, académicos, políticos hasta elementos del sector privado. Pero gracias al lideraje de José Negrão, se consiguió organizar la campaña a nivel nacional, provincial y comunitario, y hacer de ella uno de los mayores movimientos cívicos de Mozambique.

José Negrão estaba en contra de la idea de que el título individual fuera la única forma legal de acceso a la tierra. De hecho, recogió múltiples ejemplos que mostraban la ineficacia de los títulos individuales en otras zonas de África, y defendió los derechos colectivos de la tierra y la necesidad de adaptar la ley a los derechos consuetudinarios.

El proceso de formulación y elaboración de la ley duró dos años de intensos debates y de investigaciones por parte del Gobierno, organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, autoridades tradicionales, sector privado, instituciones académicas nacionales y extranjeras, grupos religiosos, agencias de donantes y las Naciones Unidas. Finalmente fue aprobada en el Parlamento en 1997, entrando en vigor el 1 de enero de 1998. La posición de la Campaña Tierra era la de defender el acceso a la tierra para todos los que la necesitaran como condición indispensable o lo que era lo mismo: “No a los sin tierra”. Otro de sus postulados estaba en reconocer el derecho consuetudinario tradicional de ocupación y herencia de las tierras para la seguridad de la posesión de ésta, siempre y cuando respetara los derechos constitucionales de la mujer. A ello había que sumar la necesidad de acabar con la especulación por parte de los latifundistas, así como con el alquiler de tierras como condición para la seguridad alimentaria.

La Campaña Tierra representó un gran éxito y una gran victoria para la sociedad civil mozambiqueña en defensa de los más pobres, en la medida que la nueva ley refleja las demandas que se exigieron durante su proceso de elaboración. Así la Ley de Tierras 19/97 establece el derecho de uso y aprovechamiento de la tierra adquirido por ocupación de personas singulares y por las comunidades locales según establecen las normas y prácticas consuetudinarias. Además también proporciona ventajas comparativas para el sector familiar y en particular para las mujeres, a quién le es otorgado el derecho de control del recurso como ciudadanas de pleno derecho.

Más de 15.000 activistas

Pero la labor de la Campaña Tierra tenía que proseguir su labor. Con la aprobación de la ley llega el momento para su diseminación en todo el país. Dada la carencia de información y conocimientos por parte de las comunidades rurales, como también la falta de transparencia de las prácticas administrativas y judiciarias, se reveló la necesidad de organizarse para divulgarla por todos los lados del país. En dos años, cerca de 200 organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias de base, iglesias, institutos de investigación y otras instituciones se sumaron a la campaña. Más de 15.000 personas fueron formadas como activistas y 50.000 estuvieron directamente implicados en la campaña en 114 de los 128 distritos de Mozambique.

A pesar de la fragilidad de las democracias de los Estados africanos y de la escasa consolidación de la sociedad civil en África Subsahariana, existen por todo el continente movimientos sociales y organizaciones que luchan políticamente en defensa de nuevos modelos de desarrollo y que critican el actual sistema económico internacional. Un ejemplo de estos movimientos lo representa la Campaña Tierra que fue y es uno de los movimientos sociales más sólidos que existen en Mozambique, con alta capacidad de lobby y de movilización social. Y todo ello se debe a la labor realizada por José Negrão. Este artículo es un pequeño homenaje a este excepcional académico y activista que luchó en defensa de los más pobres y que recientemente nos dejó.


Notas al pie de página

  1. Negrão, José (2002); “A indispensable terra africana para o aumento da riqueza dos pobres”; Instituto de investigação para o Desenvolviemtno – Cruzeiro do Sul-, Maputo.
  2. Frente de Liberación de Mozambique.
  3. De acuerdo con la Ley de 1979, los impuestos sobre la tierra disminuían con el aumento del área. La racionalidad de este mecanismo legal se asentaba en la orientación socialista en la cual las mayores tierras petenecían al Estado y por este motivo debían de pagar menos.
  4. Tanne, Christopher (2001), “Law-Making in an African Context: The 1997 Mozambican Land Law”, Maputo, Mimeo.

Gina Montserrat es investigadora del Cruzeiro do Sul (Instituto de Investigación para el Desarrollo) en Mozambique.

Este artículo fue publicado originalmente en la Revista PUEBLOS de diciembre de 2005.


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