A la muerte del dictador Franco, tras casi 40 años de totalitarismo y censura, era preciso restablecer la libertad de expresión (artículo 20 de la Constitución española). Ahora bien, en la línea de las democracias europeas, sólo se vislumbró una opción de desarrollo del entonces ya poderoso sector de la radiodifusión: el establecimiento de un sector público fuerte (primero estatal y luego autonómico) bajo control parlamentario y la concesión de licencias de radio y televisión a iniciativas privadas de carácter empresarial como medida liberalizadora. Esta visión respondía a una fotografía fija y superficial de los ordenamientos jurídicos de Europa occidental, sin reparar en cuestiones de fondo de legitimación democrática ni investigar las enormes posibilidades de una política comunicativa más abierta e incluso previsora.
Sin tomar en cuenta la experiencia europea
Se podía tener conocimiento de tensiones en los países vecinos por la proliferación sobre todo de radios alternativas y la exigencia, por parte de organizaciones sociales, de sistemas de medios audiovisuales que contemplaran la titularidad ciudadana. Pero las instituciones democráticas españolas no percibieron la comunicación como una cuestión clave de articulación de la sociedad, por lo que no se incorporó a la ciudadanía como agente de pleno derecho en el sistema mediático que se estaba aupando. Se pasaron por alto indicadores como la legalización de las radios libres en Italia y más tarde en Francia (ley del 9 noviembre de 1981), la promoción por parte del gobierno sueco de emisoras de tipo experimental desde 1979, la creación de televisiones locales y comunitarias en Bélgica (decreto sobre el audiovisual de 1985), la regulación de los Open Channels en Alemania desde 1986, entre otras muchas experiencias.
En los 70 surgieron en el Estado español las primeras radios libres y en los inicios de los 80 las televisiones locales pioneras que, en buena parte, gestionaban entidades ciudadanas sin ánimo de lucro. Nunca se tomó en cuenta a los medios promovidos por la sociedad civil, sino que se les abandonó en una selva donde regía la ley del más fuerte y tuvieron que enfrentarse solos a la competencia feroz de las grandes corporaciones. El poder político siempre los vio como fenómenos coyunturales y marginales que acabarían por perecer o se vehicularían paulatinamente a través del sector público de radio y televisión.
Aunque durante estos ya casi 30 años de democracia española hemos asistido al surgimiento y la progresiva consolidación del tercer sector1 como nuevo agente de desarrollo, junto al Estado, el mercado y las redes sociales primarias, es reseñable que no se haya previsto normativamente su acceso autónomo y autogestionado al sistema de medios audiovisuales, como ha venido sucediendo en los demás países de la UE. Ahora bien, en todas las democracias occidentales siempre se le ha otorgado un papel residual y en desigualdad de condiciones a los sectores público-institucional y privado-comercial, un espacio ganado a pulso por situaciones de facto y movilizaciones de la sociedad civil organizada.
Un sistema de medios audiovisuales por completar
Uno de los grandes retos de las actuales políticas de comunicación en el Estado español es superar la dicotomía existente entre los sectores público y privado de radio y televisión en todos sus ámbitos de cobertura (estatal, autonómico y local). El primero sólo ha conocido un desarrollo marcadamente institucional e incluso partidista en función del color político de los gobiernos de turno que lo gestionan, mientras el segundo se ha ido convirtiendo en un espacio de usurpación del derecho a la comunicación por parte de los grandes grupos empresariales de medios, con fines comerciales e interacciones supeditadas a sus intereses de supremacía en el mercado. Todo ello nos está conduciendo al espejismo del ejercicio ciudadano del derecho a la libertad de información y comunicación que determina el articulado constitucional.
Cabe reseñar la histórica fragmentación y dispersión del llamado sector alternativo de la comunicación, compuesto por un sinfín de experiencias de pequeña escala. En lugar de promover un movimiento amplio y unitario que los aglutinara por encima de sus diferencias de planteamiento, en su mayoría, los distintos modelos comunicativos han tendido a caminar por separado (e incluso a enfrentarse en ocasiones): las radios libres frente a las culturales y comunitarias, los medios asociativos locales respecto a las experiencias de contrainformación, el concepto de open access ante las definiciones de los movimientos ciudadanos para articular medios afines, y así en una correlación de fuerzas inacabable que ha contribuido a debilitar su capacidad para transformar el sistema mediático español y su consideración social. Es aún muy embrionaria y episódica la convicción de incidir en aquello que todos comparten: “que no son ni públicos ni privados sino del tercer sector, y que entroncan, de un modo u otro, con los principios de una educación en comunicación para la justicia social, fundada en una apropiación (comprensiva y expresiva) de los medios por parte de la sociedad” (Mayugo: 2005).
A ello debe sumarse la todavía débil y pobremente fundamentada conciencia ciudadana de que la cuestión de la comunicación es clave en las sociedades contemporáneas. La reapropiación de la cultura audiovisual por parte de la sociedad civil a través de la autoexpresión, la autorrepresentación y la autoorganización de sus propios discursos va cuajando en experiencias residuales pero todavía se enfrenta al reto de fortalecerse en sí misma y proponer cambios legislativos que empiezan a ser urgentes. Se trataría, al menos, de conseguir que se contemple y garantice la pervivencia de un “tercer sector audiovisual” y se generalice la educación en comunicación como fundamento básico en la actual sociedad hipermediatizada.
La irrupción del concepto de “tercer sector audiovisual”
Por ahora no es más que un movimiento incipiente, pero desde 2003 se está asistiendo a la reemergencia de un sector audiovisual de base ciudadana, tras la debacle que vivió entre mediados de los 90 y la entrada al nuevo siglo. En este período el panorama era cada vez más desesperanzador, ya fuera por los procesos de desnaturalización (y también de apropiación por parte de radios y televisiones públicas locales, como ocurrió en Catalunya) que sufrieron algunos medios de titularidad asociativa, o bien por la imposibilidad de otras experiencias radiofónicas y televisivas de mantenerse a flote en la selva mediática, por lo que acabaron cerrando. Mientras no paraba de legitimarse normativamente y acrecentarse el espacio copado por la iniciativa privado-comercial, los medios libres y alternativos que surgieron entre finales de los 70 y principios de los 90 no gozaban de ningún reconocimiento legal y no tenían en qué ampararse para sobrevivir.
En los tres últimos años han surgido y se van consolidando nuevas iniciativas como la Assemblea per la Comunicació Social en Barcelona, Pluralia TV en Valencia, Amatau TV en Bilbao, Telepiés en Madrid y algunas telestreets en otras ciudades españolas, que se presentan como herramienta de los movimientos sociales. Además, se están creando nuevos proyectos de radio comunitaria y también resurgen otros que habían tenido que cerrar, que buscan entroncar con amplios espacios de interacción ciudadana. Las experiencias que lograron mantenerse, como la Unión de Radios Culturales de Madrid y Tele K, han profundizado más en lo que pueden compartir que en sus diferencias.
Todo apunta que esta nueva dinámica, frente a tentativas de coordinación anteriores, va a articularse como espacio de confluencia y a postularse frente al poder político, sin renunciar a la negociación para conseguir el reconocimiento legal. Una prioridad es romper la tendencia de división interna entre los diferentes planteamientos de comunicación alternativa a los grandes medios. Por ello, está tomando fuerza el concepto de “tercer sector audiovisual”. Éste no funciona como identificador sino como ilustrador estratégico. Por un lado, sirve para reclamar un espacio propio que no deba competir con las propuestas privado-comerciales para conseguir frecuencias pero que tampoco se confunda con el sector público-institucional. Por otro, permite visualizar que el actual sistema de medios audiovisuales es incompleto porque le falta una tercera pata. Sin obviar su vocación de servicio público, los medios que se están aglutinando en torno al concepto de “tercer sector audiovisual” buscan fundamentarse en aquello que sólo a ellos les pertenece: formar parte del tercer sector y dinamizar el acceso pleno (como productores, programadores y gestores) de las organizaciones sociales y los grupos comunitarios a los medios audiovisuales, para que ejerzan de forma efectiva su derecho a la comunicación.
Un buen indicio de todo lo expuesto es la creación y la puesta en marcha, en octubre de 2005, de la Red Estatal de Medios Comunitarios formada por una treintena de radios libres y culturales, televisiones comunitarias, emisoras on line y medios alternativos de Andalucía, Asturias, Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Murcia, Valencia, Catalunya, Euskadi, Madrid, Canarias y Baleares. El segundo encuentro se prevé en marzo de 2006.
El rol estratégico de Internet
En todo este entramado, Internet está jugando un rol estratégico al generar un espacio de intercambio y trabajo en red, y también va cobrando importancia el desarrollo del software libre. Asimismo, se beneficia de la proliferación de las tecnologías de producción audiovisual como bienes de consumo, el creciente acceso a los procesos de digitalización y la ligeramente mayor concienciación social (aunque poco extendida e interiorizada) de que los grandes medios de comunicación, ya sean públicos o privados, ofrecen construcciones de la realidad deliberadamente manipuladas y al servicio de intereses muy alejados de los de base social.
Este movimiento de convergencia coincide con un momento clave para conseguir el reconocimiento legal del “tercer sector audiovisual”, ya que este año tendrá lugar la discusión y posterior aprobación de la Ley General Audiovisual. El anteproyecto del gobierno define de forma específica los “servicios de difusión comunitarios” (artículo 18) y los “servicios de difusión de proximidad” (artículo 19), tanto en radio como televisión. Aunque es un avance importante, la Red Estatal de Medios Comunitarios exige que la ley contemple un “tercer sector audiovisual” en igualdad de condiciones al público-institucional y el privado-comercial, y también teme que llegue demasiado tarde, cuando la mayoría de comunidades autónomas hayan otorgado las licencias de TDT local y esté todo el pastel repartido en el plan nacional de FM que se está ultimando. En la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya se ha conseguido que se contemplen radios y televisiones comunitarias (artículos 70 y 71 del capítulo “Servicios de comunicación audiovisual sin ánimo de lucro”), pero se trata de un reconocimiento muy marginal y que no va acompañado de ninguna medida que garantice su existencia.
Referencias
– LÓPEZ CANTOS, Francisco (2004). “El lugar de la ciudadanía. El Tercer Sector Audiovisual (TSA)” en la web del Seminario de Estudios de la Comunidad y la Comunicación (Departamento de Ciencias de la Comunicación – USC): http://www.usc.es/xorna/SECCOM/textos/el_lug_cid.pdf
– MAYUGO, Carme (2005). “La audiovisibilidad, territorio ciudadano para ejercer el derecho a la comunicación” en: Martínez, Marcelo (Ed.). El Tercer Sector y el Audiovisual. Santiago de Compostela: Foro da Cidadanía e da Comunicación.
Carme Mayugo i Majó es miembro de Teleduca. Educació i Comunicació y la Assemblea per la Comunicació Social. cmayugo@eresmas.com
Artículo publicado en el nº 20 de Pueblos- Revista de información y Debate, marzo de 2006.
