Estas dificultades se deben principalmente a las reformas del sector de la salud que los Estados, al calor del proceso de globalización neoliberal, están llevando a efecto.
El caso de la industria farmacéutica es paradigmático de los mercados globales que deterioran los derechos humanos e inciden en el no goce de los derechos sexuales y reproductivos por el encarecimiento de los anticonceptivos que no están financiados por los servicios públicos de salud. Por otra parte, la política de Bush ha supuesto la restricción de ayuda internacional en materia de salud sexual y reproductiva aduciendo que detrás se esconden practicas abortistas. Ello ha supuesto el cierre de programas internacionales y un alza del fundamentalismo en contra de los derechos femeninos respecto al aborto.
En la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas, se propusieron unas metas claras: reducir en dos tercios la tasa de mortalidad infantil y en tres cuartas partes la tasa de mortalidad derivada de la maternidad antes de 2015. El acceso universal a la salud sexual y reproductiva es una prioridad estratégica para conquistar dicho objetivo pero sin unas políticas publicas que obliguen a los Estados a respetar esos derechos y unas inversiones financieras en los servicios de salud -como resultado de presupuestos participativos y con enfoque de género- difícilmente se producirán mejoras.
Desigualdad entre países y sexos
Las mujeres constituyen el 70 por ciento de las personas que viven en la pobreza en tanto sólo poseen el 1 por ciento de la riqueza mundial, representan dos tercios de la población analfabeta y son, junto a la infancia, el 80 por ciento de las víctimas de los conflictos armados. En los países con carencia de recursos básicos para la protección de la salud, las mujeres sufren una doble discriminación por su condición de género y situación de pobreza. El estado de precariedad de su salud es consecuencia de su falta de poder de decisión sobre su propia vida, de su escasa o nula participación en las políticas públicas, así como de su desvalorización social y económica.
Las mujeres más pobres comienzan a procrear más temprano, entre los 15 y los 19 años de edad, como consecuencia del matrimonio precoz, su disminuida capacidad para negociar las relaciones sexuales y la reproducción, y el menor acceso a métodos anticonceptivos modernos. Aunque en la actualidad se reconoce que las mujeres tienen necesidades de salud propias más allá de su condición de madres, sin embargo 529.000 mueren anualmente por cuestiones relacionadas con la maternidad y muchas más padecen enfermedades debidas al embarazo y el parto.
La tasa de mortalidad materna indica con precisión la desigualdad entre países ricos y pobres. Las mujeres embarazadas en países en desarrollo enfrentan un riesgo de muerte entre 80 y 600 veces superior al de las mujeres en países desarrollados. Hoy día, el riesgo de morir por embarazo, parto y sus complicaciones en África es de uno sobre 19; en los países desarrollados, de uno sobre 2.976.
Aún en los países en desarrollo, que poseen mejores medios de información, 705 millones de mujeres de entre 15 y 19 años corren el riesgo de tener un embarazo no deseado. Actualmente, 135 millones de mujeres no tienen acceso a métodos anticonceptivos seguros. Si bien la anticoncepción es cada vez más segura, sigue dirigiéndose casi exclusivamente al cuerpo femenino por lo que también los efectos secundarios siguen recayendo sobre las mujeres. De los 45 millones de abortos inducidos que se practican al año, 19 millones se realizan sin condiciones de seguridad e higiene; 70.000 mujeres mueren a causa de ellos.
Hay que agregar que diariamente alrededor de 6.000 niñas sufren la mutilación de sus órganos sexuales y se calcula que entre 128 y 130 millones de mujeres han sufrido alguna forma de mutilación genital con graves consecuencias físicas y psíquicas.
El VIH/SIDA tiene un impacto enorme en los países pobres de África y Asia. Es la cuarta causa de mortalidad en el mundo y más del 99 por ciento de las infecciones por el VIH prevalentes en 2001 eran atribuibles a prácticas sexuales de riesgo; según ONUSIDA, el 57,7 por ciento de las mujeres están afectadas por el VIH SIDA en esa zona del mundo. Su posición subordinada les impide rechazar prácticas sexuales de riesgo.
Políticas neoliberales
Por otro lado, la accesibilidad a los servicios de salud ha empeorado en los últimos tiempos debido a los efectos de las políticas neoliberales, que suponen recortes en los servicios sanitarios y afectan a las mujeres en tres aspectos fundamentales:
a) como usuarias de los servicios públicos, dejándolos en manos privadas a las que muchas mujeres no tienen acceso ni económico ni geográfico;
b) como cuidadoras de salud, por el rol tradicional que les asigna el sistema patriarcal, que les supone un recargo en la responsabilidad y trabajo al no tener posibilidad de que sus familiares sean atendidos por los servicios de salud.
c) como trabajadoras de los servicios sanitarios públicos debido a que los recortes presupuestarios prescinden del personal con menor capacitación que, precisamente, está feminizado (auxiliares de enfermería, enfermería, trabajadoras sociales)
A todo ello habría que añadir los prejuicios sexistas que dificultan la carrera profesional de las mujeres en los puestos de toma de decisiones en las políticas y servicios de salud.
Necesidades diferentes
Las mujeres no sólo tienen necesidades diferentes a los hombres. Además, no están en igualdad de condiciones en el acceso a la salud en ningún lugar del mundo, ya que la división sexual del trabajo y su posición de subordinación en la sociedad las condiciona de forma adversa. Sin un cambio en las relaciones de dominio de género no puede hablarse de desarrollo de la salud de la población, ya que se está excluyendo al 50 por ciento de la misma.
Sin la participación de las mujeres en la toma de decisiones tanto en el campo privado como público, los derechos de salud sexual y reproductiva seguirán en el ámbito de la retórica. La experiencia histórica de la reducción de la mortalidad materna durante el siglo XX en los países desarrollados demuestra que no sólo son necesarias la tecnología y la voluntad política para desarrollar las medidas sanitarias, sino también la participación social de forma paritaria. Sin una estrategia de genero en las políticas de salud y en los presupuestos nacionales y de los organismos internacionales, con fuertes inversiones en los servicios públicos y programas de derechos sexuales y reproductivos no se alcanzarán los Objetivos del Milenio.
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Lucía Mazarrasa es enfermera y jefa de la
Sección de Salud y Desarrollo Internacional
de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto Carlos III de Madrid.
Artículo publicado en el nº 20 de Pueblos- Revista de información y Debate, marzo de 2006.
