La llegada de gobiernos progresistas en América Latina en la última década ha permitido reducir la brecha y la desigualdad social que existía en estos países como consecuencia de la implementación de los programas de ajuste estructural. La eliminación del analfabetismo, la reducción de la pobreza y el acceso a la educación y a la salud, son algunos de los logros que han permitido la mejora de las condiciones de vida de las mujeres que, en países como Venezuela y Bolivia, cuentan con una gran participación en apoyo a los procesos transformadores. Sin embargo, aunque las políticas sociales han tenido un impacto positivo en la lucha por la igualdad, los gobiernos progresistas de la región -a excepción de Uruguay- siguen oponiéndose al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos.