Un territorio construido a pulso
La Comuna 13 se encuentra ubicada en la zona centro occidental de la ciudad de Medellín. Tiene alrededor de 138.000 habitantes y cuenta con 36 barrios, algunos de ellos no reconocidos aun por la administración municipal. Esta Comuna ha sido un territorio históricamente excluido, con una presencia del Estado limitada al control esporádico de la fuerza pública. Han sido sus propios pobladores y pobladoras, muchos víctimas de la violencia y del desplazamiento forzado, quienes desde la década de 1970 han sacado adelante el desarrollo de cada barrio y sector a través de la conformación y trabajo de un número importante de organizaciones comunitarias. Este acumulado organizativo ha generado con el paso del tiempo dinámicas y procesos que se destacan por su potencial transformador y de movilización.
“Efectivamente, la mayoría de los barrios de la Comuna 13 que nacieron a partir de la década de los años setenta del siglo XX lo hicieron sobre la lógica de conseguir el terrenito (fuera por vía invasión o por compraventa), montar el rancho (madera, cartón, zinc, plástico y hasta bahareque) y acceder a agua potable. Allanados estos tres pasos, vendrían ya las tareas de construir senderos, acceder a la energía eléctrica, secar humedales (caso El Paraíso), habilitar espacios de esparcimiento, solucionar lo del colegio para los niños, gestionar la atención de salud, etc., etc. Todas estas necesidades, comunes a cualquier familia, se tornaban rápidamente en preocupación colectiva”.
(Arboleda, 2015)[1].
Para la década de 1980, estas condiciones que hicieron de la Comuna un territorio de autoconstrucción habían dejado un tejido fortalecido expresado en la constitución de varias juntas de Acción Comunal, organizaciones de índole barrial y poblacional y procesos políticos que van a tener una vocación de resistencia y lucha por los derechos, y que van a servir de contención ante la situación de conflictividad violenta que comienza a vivirse posteriormente.
La Comuna 13
y el conflicto político, social y armado
El proceso de poblamiento de la Comuna va contrastando con nuevas dinámicas caracterizadas por la presencia de grupos armados como las milicias populares[2] a finales de los 80 y principios de los 90, que contaban en algunos casos con el respaldo de la población debido a su presencia histórica y a que resolvían los problemas generados por la ausencia del Estado, y los Comandos Armados del Pueblo, las milicias de las FARC y del ELN a mediados de los 90.
Hacia finales de los 90 llegan los paramilitares a la zona, con el objetivo de hacerse al control de este territorio. A estas organizaciones armadas, que actuaban de manera concertada con las fuerzas del Estado haciendo parte de las estrategias de lucha contrainsurgente, les interesaba también la ubicación geoestratégica de la Comuna 13, ya que es un lugar con posibilidades de tránsito hacia el occidente del departamento de Antioquia y hacia el suroccidente de la ciudad. Con su llegada comienza una confrontación armada que afectó principalmente a la población civil, generando un gran número de víctimas de homicidios y reclutamientos, desapariciones y desplazamientos forzados.
El momento cumbre de la confrontación armada se da en 2002, con la intervención estatal a través de operaciones militares que tienen por objetivo la “recuperación” del territorio y la expulsión de los grupos insurgentes. Esta escalada del conflicto armado se estaba dando en todo el país, agudizándose por la llegada del sector más radical de la derecha a la Presidencia de la República.
Estas operaciones militares contaron con el apoyo directo de los grupos paramilitares, que implementaron estrategias ilegales de lucha contrainsurgente y generaron terror en la población. Lograron establecerse en gran parte de los barrios y cumplir con el objetivo de obtener el control del territorio. En 2002 tuvieron lugar las siguientes operaciones militares en la Comuna 13: Primavera, Otoño I, Contrafuego, Marfil, Otoño II, Águila, Horizonte, Metro, Mariscal, Potestad, Antorcha, Saturno y Orión.
La Operación Orión
en el marco de la estrategia política y militar
de Álvaro Uribe Vélez
El 16 de octubre del año 2002 todo el país se enteró de la existencia de la Comuna 13 de Medellín a través de los medios de comunicación. Se anunció la Operación Orión, la intervención más grande y devastadora llevada a cabo en un centro urbano en todo el país. En esta operación participaron más de 1.000 agentes de la fuerza pública, incluida la Fuerza Aérea Colombiana y miembros del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia[3]. Fue ordenada por el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, en el marco del desarrollo de su estrategia política y militar “Seguridad Democrática”[4].
Esta connivencia entre las fuerzas armadas del Estado y los grupos paramilitares fue denunciada en múltiples ocasiones por la misma población y por las organizaciones sociales y de derechos humanos de la ciudad. Sin embargo, las denuncias fueron descalificadas y desvirtuadas por el Estado y por algunos medios de comunicación, que mostraban la Operación Orión como un laboratorio de paz exitoso que llevaría la tranquilidad a cada esquina de la Comuna.
Con el paso del tiempo, a pesar de generarse un clima justificativo de estas operaciones militares, se ha probado la connivencia entre Estado y grupos paramilitares, ya sea por la misma confesión de los jefes paramilitares o por los testimonios recogidos en los procesos penales, producto de dichas victimizaciones[5].
La Operación Orión fue un acto desproporcionado que generó una violación masiva de los derechos humanos, pues muchas personas fueron detenidas arbitrariamente, forzadas a desplazarse de su lugar de vivienda, amenazadas, torturadas o desaparecidas, entre otros graves crímenes y agresiones, siendo la población civil la mayor afectada con la intervención y con el control social y territorial que se implantó desde ese momento.
El Centro Nacional de Memoria Histórica[6] señala que “Las operaciones Mariscal y Orión fueron acciones sin antecedentes en las ciudades colombianas y causaron un gran impacto en la población por el número de tropas armadas que participaron, el tipo de armamento utilizado (ametralladoras M60, fusiles, helicópteros artillados y francotiradores) y las acciones contra la población civil (asesinatos, detenciones arbitrarias, ataques indiscriminados y desapariciones). A raíz de ellas la Comuna 13 se hizo visible para toda la ciudad como escenario de una nueva modalidad del conflicto armado en el país y de lo que en ese entonces se caracterizó como la urbanización de la guerra”.
Según datos de la Corporación Jurídica Libertad[7] y del Proyecto Colombia Nunca Más, en esta Operación y en los meses siguientes, con la toma del control del territorio por parte de los paramilitares, se dieron los siguientes hechos: más de 350 personas detenidas de manera arbitraria, 80 personas heridas, 17 homicidios en acción bélica atribuibles a la fuerza pública, 71 ejecuciones de civiles por fuera de combate atribuibles a los paramilitares, doce personas torturadas y más de 90 personas desaparecidas, seis de ellas el mismo día de la operación. De las 350 personas detenidas, solo a 82 se les abrió juicio y, de estas, solo ocho fueron condenadas.
“La Operación Orión marcó la Comuna 13 para toda la vida, porque nos marcó a nosotros como personas y marcó nuestra tierra, nuestro territorio. En aquella época la tierra se mojaba con sangre, corrían ríos de sangre, donde llevaba el dolor de muchas personas… A las personas que tenemos familiares desaparecidos nos quedó ese sin sabor en nuestras almas y en nuestros corazones. A mí particularmente me marcó para toda la vida, ya me quedaré para toda la vida con ese dolor (…) y lo más duro, que es el dolor con rabia de saber que esto fue hecho por el Estado, eso es algo que desilusiona, decepciona y produce ira, porque el Estado que es el que tiene que proteger a la población civil. Fue el que ordenó esas balas y que esas personas fueran desaparecidas, a mí como madre me marcó… Tenemos que seguir y seguir caminando porque no nos podemos tirar al dolor, porque entonces quién va a hacer justicia, hay que hacer memoria, hay que salir de ese fango, aunque ese dolor jamás se irá”.
(Margarita Restrepo, integrante del grupo Mujeres Caminando por la verdad. 2017)[8]
Estas intervenciones militares fueron justificadas por la institucionalidad en todos sus niveles y mostradas como acciones legítimas, cuyo único propósito era “pacificar” la Comuna y convencer con la promesa de que el Estado se haría presente en el territorio y todos los problemas de violencia y conflictividad desaparecerían.
Sin embargo, lo que ha vivido la población en los últimos quince años en nada se parece a esa promesa. Por el contrario, como muestran las cifras de desplazamiento forzado intraurbano[9] y de homicidios[10], lo real es que una sucesión de grupos armados ha mantenido el control de gran parte del territorio a sangre y fuego: lo que parecía la posibilidad de “una paz” impuesta en este sector de la ciudad era el reflejo del conflicto político, social y armado en Medellín, complejizado por la presencia histórica de una criminalidad asociada al narcotráfico que hasta el día de hoy se presenta como un fenómeno que ha desbordado y sigue desbordando la capacidad institucional.
Por otro lado, los gobiernos que han pasado por la administración municipal se han encargado, de una u otra forma, de promover una imagen de la ciudad que no existe, una imagen maquillada que solo muestra el crecimiento económico, los cambios urbanísticos, los servicios que ofrece y las posibilidades turísticas, desconociendo que las problemáticas sociales persisten, al igual que las dinámicas de violencia y control territorial por parte de los grupos armados.
Esta situación, que es innegable, se evidencia en la Comuna 13 en el contraste que se da por la construcción de grandes obras de infraestructura: sirven para aparentar desarrollo, pero esconden una realidad deplorable, donde la población no cuenta las condiciones necesarias para tener una vida digna y donde los grupos armados siguen controlando el territorio.
La lucha por la verdad,
la justicia, la reparación integral
y la no repetición
El contexto del conflicto político armado en la ciudad, que afectó a gran parte de la población a inicios de la década del 2000, aunado al espíritu de resistencia, lucha y movilización que caracteriza a la Comuna 13 desde su origen, conllevó que las personas y organizaciones sociales y comunitarias que venían enfrentando condiciones difíciles emprendieran acciones de resistencia que permitieran restablecer los derechos de la población afectada, denunciar los acontecimientos y continuar su trabajo organizativo a pesar del control social y territorial.
Una de estas experiencias de resistencia y lucha por los derechos ha sido liderada por el grupo Mujeres Caminando por la Verdad (MCV), conformado por mujeres que vivieron directamente los efectos del conflicto armado y sufrieron la pérdida de seres queridos.
De este colectivo hacen parte 180 mujeres, la mayoría sin condiciones de vida digna y con edades que oscilan entre los 30 y los 70 años. Solo el 21 por ciento estudió el bachillerato. El 71 por ciento se ocupa del hogar por falta de oportunidades laborales, mientras que las que tienen algún empleo trabajan en el sector informal (servicio doméstico, ventas ambulantes y otros).
De estas 180 mujeres, 95 sufrieron desplazamiento forzado y a 47 le desaparecieron un ser querido. Cinco fueron víctimas de detención arbitraria, 40 sufrieron amenazas y 34 vieron como sus viviendas fueron afectadas o destruidas en el marco de la confrontación armada y los procedimientos militares, entre otros hechos.
Sabiendo que eran víctimas de la acción estatal ejercida en articulación con el paramilitarismo, MCV emprendió a partir de 2003 el camino por la reivindicación de sus derechos a través de acciones de denuncia, movilización y visibilización, para mostrar a la ciudad la versión no reconocida de lo que había sido la intervención militar en los barrios y sectores de la Comuna. Para esta lucha contó con el apoyo de organizaciones sociales y de derechos humanos de la ciudad, como la Corporación Jurídica Libertad.
Con el paso de los años, la resistencia se ha fortalecido y las acciones han dejado sus frutos, a pesar de que el contexto sigue siendo adverso porque los derechos de las víctimas no se han hecho efectivos y su situación no ha cambiado. Algunos de esos frutos son los avances logrados en el año 2015 con la búsqueda de las personas desaparecidas de la Escombrera. En este lugar, situado en la parte alta de la Comuna 13 y destinado a recoger los escombros de construcción, se enterraron de manera clandestina cuerpos de personas desaparecidas durante las operaciones militares y en los años siguientes, con la llegada de los grupos paramilitares a la zona.
Durante la búsqueda de 2015 no se hallaron cuerpos, pero las acciones permitieron hacer pública una realidad ocultada durante años: la existencia de fosas comunes donde se inhumaron los cuerpos de las personas que fueron desaparecidas en el marco de las operaciones militares. Aunque en la actualidad la continuidad de la búsqueda no es una prioridad para la institucionalidad, el colectivo seguirá exigiendo y emprendiendo las acciones que sean necesarias para hallar a sus familiares.
Otro resultado de la exigibilidad de los derechos es el reconocimiento del grupo, el 28 de noviembre de 2017, como sujeto de reparación colectiva. Después de quince años, el Estado, a través de la Unidad Nacional de Atención a Víctimas, admite que el grupo de MCV fue victimizado y, haciendo efectiva la Ley 1448 de 2011, y en el contexto actual de transición, dispone que contribuirá a su reparación desde los componentes político, material y simbólico.
Con este reconocimiento, las mujeres esperan que su situación se transforme, que puedan tener las condiciones necesarias para recuperar su dignidad y seguir exigiendo, mediante la movilización, la memoria, la denuncia y la visibilización, que se garanticen los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición.
“Para nosotras, que la organización sea reconocida como sujeto de reparación integral significa que es reconocida nuestra victimización, que quienes lo han negado ya no lo puedan seguir haciendo. Esa reparación integral significa, para el grupo, recuperar la dignidad, la estabilidad emocional que se perdió con la violencia, significa también un respiro y una esperanza”.
(Gloria Urrego, integrante del Grupo de Mujeres Caminando por la Verdad. 2017)[11].
En 2017 se cumplieron 15 años de las operaciones militares y las víctimas, como cada año, realizaron un homenaje a la memoria de sus seres queridos. Llevaron a cabo acciones para visibilizar lo que pasó, recordarle a la ciudad y al país que la responsabilidad de los hechos es del Estado y exigir que su derecho a la verdad sea garantizado.
Aún no se ha esclarecido todo lo que sucedió, quiénes fueron los determinadores, las razones por las cuales se victimizó a los habitantes de la Comuna, a quiénes benefició esto y cuáles fueron los efectos sobre la población. Además, se resisten al olvido y a dejar de luchar por la justicia. Es por esto que, de la mano de otras organizaciones, dieron vida a la campaña Soy Comuna 13 y llamaron la atención sobre el estado de impunidad en el que se encuentran los casos, pues, en la actualidad, las investigaciones contra los comandantes que coordinaron la Operación Orión no han pasado de la etapa preliminar.
De igual manera, estas mujeres aprovecharon la oportunidad para hacer saber que con la implementación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición, establecido en el Acuerdo de Paz firmado entre las FARC y el Gobierno Nacional en 2016, principalmente con la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas, esperan detener la oportunidad de que realmente se garanticen los derechos de las víctimas y se responda de manera adecuada a sus demandas.
Ellas esperan que se creen escenarios en los cuales puedan participar de manera efectiva; que sus relatos sean escuchados y tenidos en cuenta para abrir investigaciones, para mostrar cómo se vivió el conflicto armado desde la experiencia de las víctimas en este territorio y, sobre todo, para que se lleven a cabo acciones encaminadas a la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos.
Natalia Muñoz Osorio es socióloga, especialista en derechos humanos, integrante de la Corporación Jurídica Libertad.
Volver a visitar la Comuna 13 después de cinco años resulta casi aterrador: escaleras eléctricas suben de piso en piso pasando por pequeñas tiendas particulares que venden souvenirs a grupos guiados de turistas, autopistas a lado de viviendas decadentes dominan la vista hacia lo hondo, donde vive “la otra Medellín”, donde decenas y decenas de policías van y vienen por los barrios. Hay una realidad que sigue escondida por la vergüenza y los intereses económicos de las administraciones. Caminando por el interior de la Comuna y hablando con las personas, compruebo que las historias de abandono, miseria, opresión, miedo y falta de oportunidades son las de siempre. Gabriel, viejo líder comunitario que ya murió, nos sonríe desde un mural gigante pintado en una pared. Nos transmite, a la vez, la realidad que otras personas tratan de esconder y la determinación propia de las nuevas resistencias.
Oscar Paciencia
NOTAS:
[1] Arboleda, Humberto (2015): Recuperación de la Memoria de la movilización y la participación social en la Comuna 13 San Javier de Medellín; Alcaldía de Medellín. Universidad Autónoma Latinoamericana.
[2] Fenómeno que se expandió en la ciudad de Medellín en la década de 1980 y que se puede definir como la conformación de estructuras de corte militar que tenían por objetivo el control de territorios y acciones de seguridad y protección de las comunidades. En algunos casos estas estructuras estaban asociadas a organizaciones insurgentes como el ELN y las FARC.
[3] Así se evidencia en el registro fotográfico del periodista Jesús Abad Colorado, donde aparecen miembros de las AUC señalando viviendas del territorio a miembros del Ejército. http://www.semana.com/nacion/articulo/la-foto-que-dejo-al-descubierto-los-desmanes-de-la-operacion-orion/438656-3
[4] Política orientada al fortalecimiento de las fuerzas militares para la lucha contrainsurgente, caracterizada por la negación del conflicto armado y el involucramiento de la población civil en actividades de apoyo a la fuerza pública. Su implementación dejó como resultado múltiples y graves violaciones a los derechos humanos en todo el país, entre ellos un gran número de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”.
[5] “La operación Orión es otra clara muestra de este entramado de relaciones, pues constituyó una operación concertada entre el Ejército Nacional al mando del General Mario Montoya Uribe; la Policía Nacional, al mando del General Leonardo Gallego Castrillón, y el Bloque Cacique Nutibara, al mando de Diego Fernando Murillo Bejarano. Así se desprende de la versión de Luis Adrián Palacio Londoño, alias Diomedes, y el propio Diego Fernando Murillo, quien admitió que la operación fue concertada con la Fuerza Pública porque era la única zona de la ciudad de Medellín que el Bloque Cacique Nutibara no había podido capturar, dominar y controlar. (Tribunal Superior del Distrito, Sala de conocimiento de Justicia y Paz. Sentencia de septiembre de 2015. Magistrado ponente Rubén Darío Pinilla Cogollo, p. 116).
[6] CNMH (2011): La Huella Invisible de la Guerra. Desplazamiento forzado en la Comuna 13.
[7] Corporación Jurídica Libertad, 2012. Informe realizado en el marco de la Comisión Internacional de Esclarecimiento sobre graves violaciones a los derechos humanos en la Comuna 13 de Medellín durante los años 2002 y 2003.
[8] Entrevista realizada a Margarita Restrepo, integrante del Grupo de Mujeres Caminando por la Verdad. Agosto de 2017.
[9] Según datos de la Personería de Medellín, la Comuna 13 reportó un amplio número de casos de desplazamiento forzado intraurbano, con un total de 513 denuncias en 2016.
[10] En el año 2016 hubo 42 homicidios y a septiembre de 2017 se han reportado 32 (Fuente: Policía Nacional).
[11] Entrevista realizada a Gloria Urrego, integrante del Grupo de Mujeres Caminando por la Verdad. Agosto de 2017.
