A propósito de las elecciones legislativas del 11 de marzo en Colombia

Las elecciones legislativas celebradas el pasado 11 de marzo en Colombia fueron consideradas las más pacificas en la historia del país, y ello pese al actual contexto de violencia (asesinato de líderes y lideresas sociales, masacres y desplazamiento forzado) y de la amplia polarización de la sociedad en post-acuerdo, a la banalización de la representación política de candidaturas diferentes a las impuestas por las élites, al sabotaje de campañas electorales y al uso de propagada sucia para movilizar votos bajo el engaño.

Colombia continúa siendo un país de contrastes extremos. Aunque la exguerrilla FARC ya no cuenta como agente de riesgo asociado a factores de violencia y fraude electoral (según la Misión de Observación Electoral, el mapa de riesgo por violencia indica un fuerte cambio respecto a comicios pasados, pues de  438 municipios alertados en 2015 se pasó este año a 170), estos indicadores han subido exponencialmente en los barrios de las ciudades que concentran electores involucrados en procesos clientelistas y de compra de votos.

En los sectores rurales destaca el gran número de votos nulos registrados, así como el alto nivel de abstencionismo, que se debe, entre otras cosas, a los largos trayectos que tienen que recorrer las personas para votar o a la falta de cedulación en el campo colombiano.

Excombatientes, partidos, ciudadanía y paz

A pesar de todo lo acontecido, muchos exguerrilleros de las FARC-EP y gran parte del país, sediento de paz, justicia y reconciliación, celebraron uno de los tantos logros del Acuerdo de Paz con la que fuera la guerrilla más antigua del continente americano: que sus miembros excombatientes, portadores de su cédula de ciudadanía colombiana (hoy ciudadanos y ciudadanas sin armas) hayan podido ejercer su derecho al voto.

Tras las elecciones donde el nuevo Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC (que entró al congreso con 10 curules como parte del Acuerdo de Paz) apenas alcanzó 85 mil votos, un 0,5 por ciento del total, se puso en evidencia que el tránsito a la legalidad y a la vida política electoral del partido de los excombatientes no podrá ser un argumento fácilmente utilizado por los partidos de derecha para fomentar el rechazo y el miedo, pues las elecciones del 11 de marzo sirvieron para desmoronar el mito de las FARC como “monstruo político”. Es más, quedó patente la fragilidad como fuerza política del Partido FARC, en un contexto donde las garantías negociadas para facilitar su tránsito a la reincorporación en sociedad no se han cumplido por parte del Estado colombiano.

El fenómeno político fue el sorpresivo fortalecimiento de la coalición de centro izquierda formada por Alianza Verde y Polo Democrático, que pasó de 19 congresistas en 2014 a 26 en 2018, es decir, un 10 por ciento del total de curules, posicionándose como una de las fuerzas políticas significativas para los próximos cuatro años.

Otra de las fuerzas que aumentó su votación y número de congresistas fue Cambio Radical, pero a costa de recalentar su maquinaria electorera y de continuar engrosando la lista de herederos de la corrupción. Así sucedió con Richard Aguilar, senador elegido por simpatizantes de ese partido con más de 75 mil votos, hijo del excoronel Hugo Aguilar, inhabilitado por veinte años para ejercer cargos públicos desde 2011, condenado a nueve años de prisión en 2013 por parapolítica y, en 2018, detenido por enriquecimiento ilícito junto a su esposa, Mónica Barrera Carreño, y su suegra, Socorro Carreño.

El partido Centro Democrático se consolidó como la principal fuerza política en Colombia, al transitar de 39 a 51 congresistas, aunque perdió una de sus curules en el Senado (pasó de 20 en 2014 a 19 en el presente año). En los partidos tradicionales de derecha, acostumbrados igualmente a heredar las maquinarias políticas, el partido Conservador, el Liberal, y el de La U, también percibieron la pérdida de curules. En Antioquia, por ejemplo, la conservadora investigada por la Corte Suprema de Justicia, Olga Suárez Mira, no pudo ser reelegida a pesar de ser la heredera de la estructura política del ex senador Óscar Suárez Mira, su hermano prófugo de la justicia y condenado a nueve años por vínculos con el paramilitarismo.

Ahora bien, entre las tres principales votaciones al Senado, la obtenida por Álvaro Uribe (claro representante de la ultraderecha colombiana), la de Antanas Mockus (quien obtuvo una votación sorpresiva y que posiciona al «centro» como una tendencia que va en aumento) y la de Jorge Robledo (representante de la izquierda), se define un espectro ideológico que, si bien no recoge todas las tendencias, deja entrever las que gozan de mayor credibilidad en el electorado. Esto no deja de ser llamativo si se tiene en cuenta que Uribe es el jefe político del candidato a vencer para las elecciones a la presidencia, mientras que Mokus y Robledo hacen parte de la coalición de centro izquierda que aspira a disputar ese mismo cargo.

La posibilidad del cambio
y la necesidad de nuevas ciudadanías

Aunque la derecha se posiciona con fuerza para las elecciones presidenciales, que se celebrarán el 27 de mayo, también se perfila la posibilidad de un viraje para Colombia, algo que pone en evidencia el resultado de las elecciones legislativas que comentamos en este artículo. Continúa el debate sobre los temas centrales, como la viabilidad de las iniciativas ciudadanas que promueven un cambio, la noción de desarrollo para el país, la tierra, el agua, la paz y la superación de la guerra como principal referente de seguridad.

Por eso, desde la Alianza Nororiental de Medellín y la Corporación Con-Vivamos, reiteramos que está en juego el país que soñamos, la posibilidad de realizar cambios. En este sentido, es importante continuar generando pedagogía electoral y hacer conciencia del momento histórico que vivimos como nación, asociar la educación popular y el aprendizaje de nuevas ciudadanías para fortalecer la democracia, las prácticas ciudadanas de convivencia y participación responsable, la ética en la construcción de la paz territorial. Hoy, más que nunca, estamos llamados a votar e incidir en la presidencia que queremos, una que nos acerque al goce de una vida digna para todas y todos; hoy es necesario actuar en pro de una política útil y en paz.


Juan Fernando Zapata y Alejandro Melo Ruales forman parte de la Corporación Con-Vivamos, Medellín.


 

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