El Salvador es uno de los siete países del mundo que penaliza el aborto en cualquier circunstancia, provocando que entre 2000 y 2014 fueran procesadas 147 mujeres al morir el feto en los últimos meses de gestación. Veinticuatro de estas mujeres continúan hoy en prisión. Teodora Vásquez fue condenada en 2008 a 30 años por homicidio agravado por supuestamente abortar, aunque según su testimonio sufrió un aborto espontáneo al no recibir ayuda del sistema de emergencias público. Quedó en libertad el 15 de febrero de este año, tras cumplir diez años en prisión, porque le conmutó la pena la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Justicia y Seguridad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebra la primera audiencia pública sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres en Ecuador, a la que asistirán varias organizaciones que expondrán los obstáculos que encuentran las mujeres del país andino en el acceso a la justicia. Esta es la primera vez que la sociedad civil de Ecuador acude a la comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) con el objetivo de visibilizar a nivel internacional los obstáculos estructurales en el acceso a la justicia desde una perspectiva de género y proponer a través de la comisión el cumplimiento del mandato de protección del Estado y la no discriminación a las mujeres.
El análisis feminista de la etapa de la transición del feudalismo al capitalismo y del trabajo reproductivo no asalariado como sostén del sistema capitalista han convertido a Silvia Federici, escritora, activista y profesora de la Universidad de Hofstra de Nueva York, en un referente para comprender la interconexión entre la crisis sistémica del capital y el incremento de las diferentes formas de violencias hacia las mujeres. Su paso por Ecuador para participar en diferentes encuentros con la academia y movimientos feministas durante el pasado mes de mayo, permitió una conversación en la que de manera crítica analiza la actualización directa e indirecta de la caza de brujas y las consecuencias de las políticas extractivistas sobre las vidas y los cuerpos de las mujeres en América Latina.
El sábado 2 de abril de 2016, en el cierre de la “Cumbre Política de Trabajadores y Movimientos Sociales” desarrollada en la ciudad de Cochabamba, el presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, propuso convertir a su país en la capital latinoamericana de los movimientos sociales anti-imperialistas.
La llegada de gobiernos progresistas en América Latina en la última década ha permitido reducir la brecha y la desigualdad social que existía en estos países como consecuencia de la implementación de los programas de ajuste estructural. La eliminación del analfabetismo, la reducción de la pobreza y el acceso a la educación y a la salud, son algunos de los logros que han permitido la mejora de las condiciones de vida de las mujeres que, en países como Venezuela y Bolivia, cuentan con una gran participación en apoyo a los procesos transformadores. Sin embargo, aunque las políticas sociales han tenido un impacto positivo en la lucha por la igualdad, los gobiernos progresistas de la región -a excepción de Uruguay- siguen oponiéndose al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos.
Ecuador prepara la llegada del primer papa latinoamericano en un contexto en el que los movimientos feministas denuncian graves retrocesos en cuanto a los derechos de las mujeres. La declaración de la visita del papa como asunto de “interés nacional” es considerada como inconstitucional en el marco de un estado laico e interpretada como un acto electoralista que dará el espaldarazo a las políticas conservadoras del gobierno de la Revolución Ciudadana.
