El campo de la ESS en América Latina ha atravesado un singular período de ampliación en lo que va del siglo, especialmente en la última década. Tal ampliación responde a una confluencia de procesos y factores, que abarcan tanto las dinámicas interna s de las experiencias o actores, como sus interrelaciones con el sistema económico, con las propuestas de transformación que caracterizaron este tiempo, con el Estado y las políticas públicas y con los avances conceptuales (a su vez en sinergia con esas realidades).
El sábado 2 de abril de 2016, en el cierre de la “Cumbre Política de Trabajadores y Movimientos Sociales” desarrollada en la ciudad de Cochabamba, el presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, propuso convertir a su país en la capital latinoamericana de los movimientos sociales anti-imperialistas.
La aplicación de políticas neoliberales en América Latina durante más de dos décadas comprometió el futuro de varias generaciones en los países de la región. El desmantelamiento del Estado y el traspaso de prestaciones al sector privado conllevaron la mercantilización de servicios estratégicos para la modernización y el desarrollo del continente. En el caso ecuatoriano, la entrega del sistema de educativo a manos privadas y la ausencia de un ente regulador degradaron especialmente las instituciones de educación superior que, incluso bajo modalidades de negocio familiar, ofrecían títulos de escaso valor académico.
En la pasada década de los 90, Bolivia vivía una oleada de privatizaciones impulsadas por los organismos internacionales como parte de un proceso de ajuste estructural. La concesión del sistema de agua de la ciudad de Cochabamba a un consorcio de capital extranjero ponía en riesgo el acceso a las fuentes de agua para las comunidades regantes y los barrios periurbanos. Las movilizaciones por el derecho a un bien básico dieron lugar a la “Guerra del Agua”, una lucha convertida en la primera victoria al neoliberalismo y en el inicio de un proceso de cambio.
Las políticas de transferencia monetaria se han convertido en un elemento importante de las iniciativas sociales en toda América Latina. En Ecuador se empiezan a aplicar desde 1998 como complemento a la eliminación de los subsidios a los combustibles (el gas metano y las gasolinas) y a la electricidad de uso doméstico. El gobierno de Jamil Mahuad las presentó como una respuesta compensatoria, en un contexto socio-económico excluyente generado por la aplicación de políticas económicas neoliberales.
