El gobierno de Bolivia atraviesa por una oleada de protestas sociales. Desde el 2010 el número de conflictos se ha disparado, superando un record de 25 años[1]. El nuevo ciclo rebelde expone la erosión de la legitimidad con que un año antes Evo Morales conquistara un segundo mandato con un masivo apoyo electoral. Las contradicciones entre su programa de gobierno, su discurso presuntamente respetuoso de la Madre Tierra y su efectiva gestión pública extractivista, además de los métodos para hacer frente a la situación convulsionada con una feroz represión como la que propinara a la pacífica movilización de los indígenas del TIPNIS (Territorio indígena y parque nacional Isiboro-Secure), han dado lugar a una avalancha de cuestionamientos acerca de su calidad de gobierno popular, indígena y antineoliberal.