La nueva oleada de tratados de comercio e inversión supondrá un paso más en la presión a la baja también en materia de derechos laborales, en la medida en que son considerados un obstáculo para los intereses de las transnacionales, que priman la maximización de sus beneficios por delante de los derechos de las personas y de la sostenibilidad de la vida.
Si algo ha demostrado la crisis financiera mundial que arrancó con la caída del gigante Lehman Brothers es la interconexión del sistema financiero mundial. El 15 de septiembre de 2008, el que había sido un estandarte de la gran industria financiera norteamericana se precipitaba a una bancarrota instantánea provocada por la gran cantidad de productos financieros compuestos por créditos hipotecarios de baja calidad. Las hipotecas subprime o hipotecas basura se habían expandido con rapidez por los balances de bancos, fondos de pensiones y empresas financieras de todo tipo en todo el planeta, arrastrando sus cuentas y provocando la caída en cadena de los parqués bursátiles.
La puesta en marcha de alternativas locales, tanto a nivel institucional como desde las organizaciones sociales, que puedan servir de contrapoder frente a las empresas transnacionales y disputarles la centralidad en el sistema socioeconómico choca, aquí y ahora, con la fortaleza de la lex mercatoria. No en vano, el objetivo del entramado jurídico global que durante las últimas décadas han venido construyendo las grandes corporaciones, las instituciones económico-financieras internacionales y los Estados centrales es precisamente ese: asegurar los negocios de las multinacionales y blindar sus “derechos”, pasando por encima de los derechos fundamentales de las mayorías sociales, la soberanía de los pueblos y la propia democracia[1].
