El Salvador es uno de los siete países del mundo que penaliza el aborto en cualquier circunstancia, provocando que entre 2000 y 2014 fueran procesadas 147 mujeres al morir el feto en los últimos meses de gestación. Veinticuatro de estas mujeres continúan hoy en prisión. Teodora Vásquez fue condenada en 2008 a 30 años por homicidio agravado por supuestamente abortar, aunque según su testimonio sufrió un aborto espontáneo al no recibir ayuda del sistema de emergencias público. Quedó en libertad el 15 de febrero de este año, tras cumplir diez años en prisión, porque le conmutó la pena la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Justicia y Seguridad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebra la primera audiencia pública sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres en Ecuador, a la que asistirán varias organizaciones que expondrán los obstáculos que encuentran las mujeres del país andino en el acceso a la justicia. Esta es la primera vez que la sociedad civil de Ecuador acude a la comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) con el objetivo de visibilizar a nivel internacional los obstáculos estructurales en el acceso a la justicia desde una perspectiva de género y proponer a través de la comisión el cumplimiento del mandato de protección del Estado y la no discriminación a las mujeres.
La propuesta del partido conservador Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) para elevar las penas relacionadas con la interrupción del embarazo ha posicionado en la agenda pública el debate sobre la penalización del aborto en uno de los países con la legislación más restrictiva del mundo. Desde el movimiento feminista, pero también desde otras organizaciones de derechos humanos, se intenta que la propuesta de ARENA permita un debate profundo que nunca se dio en El Salvador y que implicaría hablar de la violencia de carácter estructural que sufren las mujeres en el país centroamericano.
En El Salvador las empresas del sector textil constituyen una fuente de empleo formal para las mujeres, y se estima que del 90 por ciento de las personas que trabajan en la maquila en su mayoría son mujeres, específicamente del área rural. Visibilizar las pésimas condiciones de trabajo en las cuales están insertas las mujeres ha sido posible gracias a sus propias demandas y denuncias de graves violaciones a sus derechos laborales. En el país se descubre que el trabajo del bordado a domicilio está vinculado con el sector de la industria textil, modalidad en la que la protagonista es la mujer.
El neoliberalismo económico ha colocado a las mujeres, adolescentes y niñas migrantes y refugiadas en nichos laborales específicos vinculados a su cuerpo, sobre todo a la industria de los cuidados y al mercado sexual.
Ana Patricia Aristizábal, delegada de derechos humanos de la Personería de Medellín. Forma parte de un equipo que se dedica a vigilar la conducta oficial y proteger y promover los derechos humanos en Medellín, el centro de negocios más grande de Colombia, una ciudad de más de dos millones y medio de habitantes en la que el 10,2 por ciento de la población vive en la indigencia y el 38,4 en condiciones de pobreza[1]. La abogada Ana Patricia Aristizábal, delegada de derechos humanos de la Personería de Medellín, nos habla del día a día de su trabajo y de los problemas más graves de la ciudad y el futuro del país.
