Las transnacionales aumentan su poder y beneficios gracias a mecanismos como los acuerdos de comercio e inversión; los acuerdos permiten la explotación de recursos y personas; las personas buscan otros lugares donde vivir. Profesor en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) - Paz con Dignidad y activista en Ongi Etorri Errefuxiatuak, Juan Hernández Zubizarreta argumenta en esta entrevista la necesidad de desobedecer las leyes que vulneran los derechos humanos. A las personas que huyen de lo que este sistema provoca “vamos a seguir llevándolas a vivir a nuestras casas, se pueda o no”.
Las voces de activistas y comunidades afectadas por los impactos de las empresas trasnacionales se volvieron a expresar en octubre del pasado año en la sede de Naciones Unidas en Ginebra. Era la tercera sesión del grupo de trabajo intergubernamental que tiene el mandato de crear normas que obliguen a las compañías multinacionales a respetar los derechos humanos.
“Débiles a la hora de controlar los abusos cometidos por las empresas transnacionales e imponerles sanciones, los Estados se hacen fuertes ante hombres, mujeres, niños y niñas que huyen de la guerra”, sostienen los autores.
Sucedió hace ocho meses. El pasado 26 de junio, en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, salía adelante una resolución favorable a crear normas vinculantes para el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales; con esa decisión, volvía a ponerse de actualidad el debate sobre la necesidad de establecer regulaciones eficaces y mecanismos de control para obligar a las compañías multinacionales a cumplir con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y a la vez, ese mismo día, en línea con las estrategias de responsabilidad social corporativa y con la lógica de la voluntariedad, era remitido para su aprobación al Consejo de Ministros el Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos del Gobierno español. Desde entonces, nada se sabe de un plan en el que los argumentos de la competitividad, la rentabilidad y las oportunidades de negocio para las grandes corporaciones tienen mucho más peso que las cuestiones relativas al cumplimiento de los derechos humanos.
Ane Garay Zarraga, Erika González y Pedro Ramiro; Júlia Martí Comas; Mikel de la Fuente Lavín y Juan Hernández Zubizarreta,
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El 3 de marzo se organiza en el museo Guggenheim de Bilbao la primera edición del Global Forum Spain con el lema "España: de la estabilidad al crecimiento". A este foro asistirán el presidente del Gobierno español y varios de sus ministros; mandatarios de la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE; presidentes y consejeros delegados de empresas transnacionales; el lehendakari, alcaldes y autoridades de la Comunidad Autónoma Vasca. Según Urkullu, este foro es "una oportunidad para Euskadi porque se va a debatir sobre un modelo de crecimiento basado en la eficiencia, la competitividad y la internacionalización".
La empresa transnacional estadounidense Chevron-Texaco ha puesto en marcha una campaña implacable contra Ecuador y contra las personas afectadas por la contaminación generada con sus operaciones en la Amazonía ecuatoriana. Son más de 400 millones de dólares los que está utilizando para pagar abogados, medios de comunicación, iniciar procedimientos judiciales de todo tipo y en todo lugar, difamar, mentir… Todo ello, con la complicidad del gobierno de EEUU y el silencio del conjunto de los gobiernos europeos, los mismos que defienden la “seguridad jurídica” de las grandes corporaciones cuando estas han sido expropiadas por violar derechos humanos.
