Periodismo. Esa forma de entender la vida susceptible de ser decorada con múltiples complementos adjetivales (crítico, comprometido, de investigación, alternativo…), que a la postre perfilan una herramienta de contrapoder articulada en torno al valor de la información como derecho de la ciudadanía (y deber de los periodistas). Aunque duela. Porque si es Periodismo, cuanto menos, escuece: “periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques; todo lo demás son relaciones públicas”, reza una sentencia anónima con frecuencia atribuida al escritor George Orwell.
“Débiles a la hora de controlar los abusos cometidos por las empresas transnacionales e imponerles sanciones, los Estados se hacen fuertes ante hombres, mujeres, niños y niñas que huyen de la guerra”, sostienen los autores.
Entrevista a la economista Magdalena León, participante en el movimiento feminista en América Latina y miembro de la Red Latinoamericana Mujeres Transformando la Economía (REMTE) y de la Fundación de Estudios, Acción y Participación Social (FEDAEPS).
América Latina se encuentra en convulsión. El debate teórico, cada vez más presente en el último tiempo, sobre la existencia o no de un “fin de ciclo” que marcaría una quiebra en el ascenso y hegemonía de los gobiernos progresistas de la región, se ha visto agudizado por el jarro de agua fría, nada teórico y dramáticamente real, de las recientes derrotas electorales en Argentina y Venezuela. Al mismo tiempo, gobiernos como el ecuatoriano o el boliviano mantienen todavía altos índices de aceptación popular, si bien es cierto que con un notable grado de confrontación con parte del movimiento social de ambos países. Aprovechando su presencia en Bilbao, conversamos sobre toda esta coyuntura con Magdalena León: economista, destacada participante en el movimiento feminista en América Latina, forma parte de la Red Latinoamericana Mujeres Transformando la Economía (REMTE) y de la Fundación de Estudios, Acción y Participación Social (FEDAEPS).
Carmen baja del cercanías que la lleva de Leganés a Madrid escuchando música por los auriculares al tiempo que, de forma minuciosa, desplaza su dedo por el teléfono móvil. Carmen parece leer y escribir algo interesante en la pantalla mientras espera la conexión de metro. Carmen viene de una ciudad dormitorio y va hasta una plaza de la capital desde la que Pablo tuitea que unas cuarenta personas debaten sobre si acampar o no esa noche a dormir. Podríamos coger unos sacos, unas esterillas y quedarnos, dice alguno de los cuarenta, casi todos jóvenes, que se observan las caras, todas nuevas, en círculo. A Alba, Pablo y los demás no los une su amor por el camping, sino una situación vital similar, unas expectativas parecidas de futuro y una lectura política de lo que está ocurriendo en su país. “Lo llaman democracia y no lo es”, corean algunos de los cuarenta tras decidir que van a quedarse. Celebración de manifestación sin autorización, multa de hasta 600 euros para los participantes y convocantes.
Los procesos políticos progresistas que han venido hegemonizando el escenario latinoamericano los últimos quince años viven momentos cruciales. Cuestiones que afectan al eje vertebrador de las identidades programáticas e históricas de las fuerzas que componen estos gobiernos están encima de la mesa, tornándose objeto de disputa, no sólo frente a los enemigos de los procesos, situados en la derecha, el neoliberalismo y, en no pocos casos, en el golpismo, sino también en el ámbito interno de las complejas redes y movimientos que han venido ejerciendo un rol de sostén externo de las políticas de esta oleada progresista, y que suponen su expresión más genuinamente popular.
A finales del pasado mes de junio, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobaba una resolución para “crear un grupo de trabajo intergubernamental con el mandato de elaborar un instrumento internacional legalmente vinculante para regular, de acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, las actividades de las empresas transnacionales”. Meses después, la II Conferencia ministerial de Estados afectados por intereses transnacionales acordaba crear el Observatorio del Sur sobre Inversiones y Transnacionales. Y, hace unas semanas, la Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático declaraba que las multinacionales son responsables de “la captura del agua, el saqueo de los territorios y el patrimonio natural, la depredación y la producción de combustibles fósiles”. Son tres ejemplos de procesos diferentes que, sin embargo, responden a una misma realidad: los impactos producidos por la expansión global de las empresas transnacionales están llevando a muchas organizaciones, países e instituciones internacionales a exigir una mayor regulación de sus actividades.
