La Economía Social y Solidaria (ESS) es una economía de personas. Y se hace de, desde, por y para las personas. Esta afirmación que a priori puede parecernos un epíteto, tiene sin embargo hoy más sentido que nunca en este sistema hiperfinanciarizado, donde todo son índices y dividendos que no “olemos”, donde las páginas salmón son códigos cifrados de difícil comprensión y las cuestiones económicas asuntos de expertos, por más que sus decisiones nos afecten en lo más profundo de nuestras vidas.
Si bien en los últimos años ha habido un notable avance en el reconocimiento de los derechos de las personas LGTTBIQ, no podemos obviar que en muchos lugares siguen violándose los derechos humanos de este colectivo y que la violencia simbólica, las agresiones e incluso los asesinatos son una realidad presente en todos los países del mundo. Violencias que están empezando a ser reconocidas como delitos de odio.
La llamada "crisis de refugiados" que vivimos actualmente está poniendo al descubierto el verdadero rostro de una Unión Europea que en su día surgió escondida bajo la falsa imagen de proyecto de unión solidaria entre los pueblos.
El agua es un elemento esencial para la vida y, por lo tanto, deberían garantizarse tres aspectos básicos: el acceso universal a una cantidad adecuada para una vida digna, el saneamiento de aguas residuales y la protección de ríos, acuíferos, lagos y humedales que proveen el agua que utilizamos. En la actualidad, ninguna de estas premisas se está cumpliendo y así lo retratan las cifras que aportan instituciones multilaterales como las Naciones Unidas.
Las propuestas de proyectos sobre herencias y plusvalía presentadas por el Gobierno de Ecuador han provocado las movilizaciones de diferentes sectores de oposición en las principales ciudades del país. Desde el oficialismo se interpretan las protestas como una estrategia de desestabilización y de desgaste que finalmente han logrado la retirada temporal de las propuestas de leyes y la apertura de un “diálogo nacional”.
La constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada en 1999 definió al país como un “estado democrático y social de derecho y de justicia” y estableció la igualdad, la prosperidad y el bienestar del pueblo como principios de obligado cumplimiento. Las garantías aprobadas en la norma han guiado una política social que ha permitido la reducción de la pobreza[1] y el acceso a los derechos sociales para millones de personas, al punto de lograr el cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio antes de 2015.
