América Latina ha vivido en la última década un crecimiento significativo de los partidos de izquierda que, en diversos países, han llegado al gobierno. Sin embargo, parece que la apuesta realizada por estos gobiernos ha sido la de fomentar los intereses del capital en nombre del desarrollo. En el caso de Uruguay la situación no ha sido diferente. Tal vez sea este uno de los motivos por el gran deslumbramiento que viene suscitando, tanto en sectores de izquierda, cuanto de derecha.
Desigualdades crecientes, productivismo, insostenibilidad medioambiental, democracias de baja intensidad, recortes en prácticamente toda iniciativa pública dirigida a la igualdad y a la lucha contra la pobreza y la exclusión... La cooperación internacional viene siendo en los últimos tiempos una víctima más de la ideología actual predominante, quien cacarea las bondades de recortar en políticas públicas e incrementar el apoyo al sector privado como vías para “salir de la crisis”.
Ocuparon 17 días la hidroeléctrica de Belo Monte, expulsaron de sus tierras a investigadores involucrados en la construcción de centrales en el río Tapajós y prometieron resistir, hasta las ultimas consecuencias, para impedir el avance de las políticas desarrollistas en la Amazonia.
¿Puede un proceso de industrialización contribuir a terminar con la dependencia económica logrando a la vez un modelo de desarrollo que supere el extractivismo? La generación de tejido industrial en torno al litio mediante proyectos estatales en Bolivia intenta alcanzar esos objetivos.
El debate político, empresarial y financiero se vistió de verde: partidos verdes, empresas verdes, gobiernos verdes y hasta capitalismo verde. Frente a tanta oferta verde se hace necesaria una reflexión sobre sus bondades, así como analizar los discursos de derechos que esbozan los países latinoamericanos que se han identificado como progresistas. El caso ecuatoriano bien puede ser el ejemplo ideal.
