Al inicio de la década de los ochenta se abrió un período de reconversiones industriales en respuesta a la crisis económica de los setenta. Algunas personas dicen que tardó en llegar, pero lo cierto es que hoy alguna de aquellas empresas continúan en la cuerda floja y otras cayeron justo antes de esta última crisis, que reventó en 2008 y en la que mucha gente sigue atrapada. Más de 81.000 empleos directos del sector industrial (algunas fuentes multiplican por cuatro la incidencia total con el empleo indirecto) se perdieron entre los ochenta y los inicios de los noventa del siglo pasado en el ámbito vasco. Se calcula que el coste económico de la reconversión hasta los primeros años de los noventa en el Estado español superó los 7.500 millones de euros. Aunque hubo mucho dinero y se dijo que se reindustrializaría, aquellas zonas asoladas hoy son las que más problemas padecen porque la herida no se cerró, sigue en carne viva.
Puertas giratorias. Rescates a la banca. Exención del pago de impuestos. Tolerancia con los paraísos fiscales. Corrupción. Desregulación sistemática de las actividades empresariales. Lobbies corporativos. Estas son solo algunas de las manifestaciones y consecuencias más elocuentes de lo que se ha venido denominando en los últimos años como colaboraciones o alianzas público-privadas.
Cualquier sociedad, por el mero hecho de estar formada por un conjunto de personas que interactúan entre sí con sus diferentes puntos de vista, intereses, percepciones y necesidades, necesita aprender a desarrollar competencias básicas que lleven a abordar los conflictos de manera creativa y pacífica. Si esto es así en cualquier sociedad, en una que, como la vasca, ha sufrido tanto la violencia, se antoja indispensable. En este contexto, numerosas personas, asociaciones e instituciones, se han implicado en los últimos 25 años para, desde el prisma de la Educación para la Paz y los derechos humanos, construir un país mejor.
En España el conflicto político es inconstitucional. No hay cabida para él. No es que no exista, es que no puede existir porque, como digo, es inconstitucional. El hecho de que España niegue el conflicto político se debe a la incapacidad histórica de sus élites de poner en marcha un proyecto nacional común y sostenible que no implique la supeditación de otras naciones.
Articulo mi exposición en tres apartados. El primero reflexiona sobre el papel de la sociedad vasca en el final del terrorismo de ETA; el segundo indaga en los materiales del enmarcado conceptual de la violencia terrorista desde la gramática del “conflicto”, que subyace a la formulación del “proceso de paz”; el último apunta unas consideraciones sobre el lugar y papel del autodenominado “tercer espacio” (TE).
Llegará un momento en que los años de ETA tendrán que narrarlos personas que no hayan vivido, ni en la misma ciudad ni a mil kilómetros, ningún atentado. Que no lo hayan vivido desde ningún lado. Cuando dentro de un par de generaciones todo lo sucedido estos años termine por simple ley de vida, acabe como acabe, ¿cómo, con qué sentimientos, se contará? ¿Seguirán algunas personas afirmando “el conflicto” mientras otras lo niegan? ¿Qué palabra emplearán quienes nieguen la existencia de un conflicto? ¿Se alabará un proceso de verdad, justicia y reparación? ¿Se podrá hablar de asesinatos sin rodeos ni medias palabras? ¿Derechos humanos, ETA, tercer espacio, Euskadi, Guardia Civil, asesinatos, GAL, cárcel, Euskal Herria, España, independencia, dispersión, askatasuna, conflicto político, País Vasco, miedo, terrorismo, torturas, proceso, participación, justicia, bakea, paz?
