Desapariciones forzadas, homicidios, desplazamientos, detenciones arbitrarias, amenazas y destrozos en viviendas. Las 180 mujeres que forman el colectivo Mujeres Caminando por la Verdad (MCV) llevan varios años denunciando las graves violaciones de derechos humanos que ellas y sus seres queridos sufrieron en Medellín en 2002 durante la Operación Orión y en los años posteriores, la intervención estatal y paramilitar más grande y devastadora llevada a cabo en un centro urbano en Colombia. Ahora esperan que el Acuerdo de Paz firmado entre las FARC y el Gobierno Nacional en 2016 les dé la oportunidad de encontrar a sus seres desaparecidos, garantizar sus derechos y mostrar la verdad de cómo se vivió el conflicto armado en este territorio.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabiliza al Estado colombiano por la operación militar Génesis (1997) en la que se produjo el desplazamiento forzado de las comunidades afrodescendientes del Cacarica, en el departamento del Chocó, y el asesinato del campesino Marino López, como mecanismo de terror para quedarse con las tierras.
Segovia, uno de los municipios más ricos de todo el país, ubicado en el nordeste antioqueño, se ha vuelto a estremecer ante la violencia generada por los grupos paramilitares. Este municipio, y en general todo el bajo nordeste antioqueño, se ha caracterizado por ser una de las zonas que más oro produce en el país, y esta riqueza ha atraído a personas inescrupulosas que quieren apoderarse de ese recurso y manejarlo a su voluntad. Quienes logran obtener un atisbo de tales ganancias se creen con el poder de colocar precio a la vida de aquellos que de uno u otro modo podrían ser un obstáculo para que éstas lleguen a sus manos.
