Los ‘agujeros’ del proceso democrático en Costa de Marfil

“1989, el año que pone fin al siglo, la fecha del hundimiento del comunismo real marca efectivamente una ruptura”(1). Así de contundente analiza el autor de esta cita la fecha clave de 1989. Después de mucha indecisión he decidido centrar en ese momento histórico lo que va a ser mi primer artículo desde que en enero de 2002 inicié una fructífera colaboración con la revista Pueblos.

Quizás convenga aclarar antes de empezar dos puntos que considero importantes. Primero, no pretendo entrar a valorar el resultado de ninguna lucha entre el comunismo y sus adversarios, y menos en los términos de esta cita. Lo único que mereció mi atención es única y exclusivamente el carácter rupturista de la fecha clave de 1989 y su alcance político, sobre todo para los pueblos del lejano continente africano. Segundo, y por fin, no soy politólogo, ni sociólogo, tampoco político. En la era de la especialización aguda, cuando gran parte de los analistas hacen oídos sordos a los insistentes llamamientos de los mismos especialistas sobre el carácter pluridisciplinario de las cosas, resulta clave señalar que este artículo es sólo la modesta contribución de un humilde ciudadano con inquietudes políticas, y sobre todo con un claro compromiso con la participación ciudadana.

Dicho lo cual, volvamos a lo importante, al objeto de esta contribución: los agujeros del proceso democrático en Costa de Marfil. Si tuviera que seguir la tónica de los artículos y aportaciones sobre el continente africano desde lo que se ha venido a denominar Occidente en general y en especial Europa, lo lógico en este sentido hubiera sido titular mi contribución de dos maneras: sea los agujeros del proceso democrático en África, sea los agujeros del proceso democrático en África subsahariana.

La experiencia cotidiana nos enseña que en aplicación consciente o no de la larga estrategia simplista de la dualidad política y su transposición a casi todos los terrenos del pensamiento, motivos no faltan para justificar dichos titulares: motivo espacial, motivo histórico, motivo social, motivo político, etc. Tratándose de seres humanos y de ciudadanos, resulta difícil aceptar que dichos motivos aun siendo legítimos y pertinentes puedan explicar por sí solos la realidad de una comunidad. Túnez, Marruecos, Libia, Argelia comparten un espacio llamado Magreb, comparten el Islam como religión de Estado, comparten el árabe en su gran mayoría como idioma…, pero ¿bastarían estos datos y otros cuantos para echar en el mismo saco a estos países, y sobre todo a sus ciudadanos? China, Corea del norte, Corea del sur, Japón, Hong kong, Taiwán comparten el espacio denominado Asia y Pacífico, aun así ¿cabrían dichos países en un análisis unificador? Argentina, Chile, Guatemala, Bolivia…comparten el mismo continente, fueron colonias, conocieron dictaduras, hablan el mismo idioma oficial; ¿se podría afirmar sin equivocarse que sus realidades son iguales? Son muchos los ejemplos y resultaría fastidioso con toda seguridad querer enumerarlos todos.

Seguramente los amantes de las prácticas unificadoras y simplistas, fieles consumidores de la dualidad y del espíritu maniqueo tengan el derecho de proseguir con su método; sin embargo, creo que ni debe ser la panacea, ni debe ser de obligado cumplimiento de parte de todo aquel que quiera echar un vistazo a la realidad y a los acontecimientos. Senegal, Costa de Marfil, Ghana, Gambia, Liberia, Uganda, Rwanda, Angola pertenecen todos al África subsahariana, son en su mayoría negros, sufrieron en su mayoría la humillación de la trata de negros y la colonización, comparten fronteras entre ellos, incluso tienen el mismo tipo de economía, una economía de exportación de materias primas. ¿Bastarían estos datos para que pasen todos por el mismo molde de fundición?

Limitaré entonces esta contribución a Costa de Marfil, enmarcándola básicamente dentro de la problemática de la democratización, aunque no descarte su carácter metafórico y su posible transposición a toda la zona, con sus respectivos matices diferenciadores. 1989 marca un punto de inflexión en la historial mundial y muchos ámbitos de pensamiento. La caída del muro de Berlín en aquel año no se resume sólo en la caída de un hormigón, por grande que fuera. Unida a la conferencia de La Baule, en Francia, con todos los jefes de Estado y de Gobierno en torno al fallecido François Mitterand, la caída del muro de Berlín significa para los pueblos africanos en general y en especial para Costa de Marfil el fin de una etapa y el inicio de otra en muchos aspectos. La problemática de la democratización alcanza un nivel jamás alcanzado en el pasado. El país inicia una larga experiencia política nueva que no termina de cuajar ¿Cómo Costa de Marfil inicia su proceso democrático? ¿Quiénes son sus principales actores? ¿Cuáles son las lagunas o agujeros de dicho proceso? ¿Qué soluciones sugerimos?

Después de la nota introductora, las respuestas a estas interrogaciones constituirán la esencia de mi modesta aportación.

Arranque a regañadientes

Al mensaje de la Conferencia de La Baule en Francia, en 1989, y al estruendo que produce la caída del muro de Berlín, los ciudadanos de Costa de Marfil, arrastrados por los estudiantes, responden reclamando a gritos el pluralismo político y la democracia. Lo cual no quiere decir que antes de esta fecha no hubiera reclamo alguno. Lo hubo durante muchos años atrás, pero siempre fue duramente reprimido por el partido único reinante: cárcel, exilio… fueron el pan cotidiano. Este reclamo popular fue rechazado por el partido único que llevaba 30 años gobernando, y en boca de su secretario general, contestó que la democracia era “une vue de l’esprit”, o unas elucubraciones.

Sin embargo, dada la intensidad del reclamo y a su pesar, el partido único se vio obligado a proclamar la apertura política y el pluralismo el 30 de abril de 1990. Si los gritos a favor del pluralismo político y de la democracia fueron intensos, no hubo sin embargo ningún consenso ni pacto político de transición a la nueva realidad. Así arranca un proceso nuevo, caótico, con casi todos los recién llegados enfrentados con lo que queda del partido único, a la vez que enfrentados entre sí.

Los principales actores

Los actores del proceso son básicamente los partidos políticos. Desde el 30 de abril de 1990 hasta el día de hoy, Costa de Marfil ha contado con un centenar de partidos políticos. Sin embargo, cuatro de ellos parecen marcar el camino: PDCI (Partido Democrático de Costa de Marfil –ex partido único–), principal fuerza política en la Asamblea Nacional –congreso de los diputados– y socio del Gobierno actual; FPI (Frente Popular de Costa de Marfil)), partido socialista que gobierna desde el año 2000 y segunda fuerza de la Asamblea Nacional; RDR (Reagrupamiento de los Republicanos), escisión del partido único, socio del Gobierno actual desde enero de 2003; PIT (Partido Marfileño de los trabajadores), socio del Gobierno desde 2000. Estos cuatro partidos parecen controlar el mayor espacio político posible. Un espacio con clara tendencia bipolar repartido entre dos partidos de izquierdas (FPI-PIT) y otros dos de derechas (PDCI -RDR).

A la luz de los datos antes mencionados y, sobre todo, ante la alta participación política –un centenar de partidos–, uno puede pensar en un proceso dinámico, vigoroso y de amplia participación. Sin embargo, la realidad ofrece otra cara muy distinta. Factores internos obstaculizan gravemente el despliegue democrático. A éstos nos referimos en términos de lagunas o “agujeros”, como veremos a continuación.

Primero: circunscripción en el espacio de la construcción democrática. La construcción democrática sigue siendo un hecho urbano, en manos de universitarios, intelectuales y cuadros públicos o privados de distinta índole. El ámbito rural que aglutina, según datos oficiales, a casi la mitad de la población total del país tiene poca implicación y poca participación en el proceso. Su papel es más bien el de un atento observador, que de vez en cuando y a instancias de los círculos urbanos sale a la calle de forma bulliciosa a reclamar algo que no siempre los organizadores se dignan en explicarle en qué consiste.

Segundo: la alta tasa de analfabetismo y la dictadura del “representante mensajero”. Según datos oficiales, más de la mitad de la población es analfabeta, no sabe ni leer ni escribir. Esta circunstancia obliga a miles de ciudadanos a delegar casi todo en manos de los hijos del pueblo que sepan leer y escribir, y, en particular, en manos de los que trabajen y residan en la ciudad. De ahí que pueblos enteros dependan de uno supuestamente para su información fidedigna. Este rol de “representante mensajero” otorga al afortunado o al núcleo de afortunados un papel clave. Lleva en una especie de movimiento excéntrico –desde la capital (centro) hacia las periferias– la noticia al pueblo, del que, en cambio, no suelen traer casi nada en forma de respuesta. Así se sigue repitiendo la absurda y lamentable situación de que “el mensajero” formula desde la ciudad la cuestión, la lleva al pueblo y devuelve a la ciudad la respuesta que él mismo formuló con anterioridad a su viaje. En vez de contribuir al fomento de la participación, en la mayoría de los casos las maniobras del “mensajero” van dirigidas a mantener a sus conciudadanos en las “tinieblas”, condenados sólo a cumplir sus órdenes.

Surge así la gran contradicción y la ambigüedad moral, consistente en que el cuadro respetado, militante influyente de su partido, que en la ciudad reclama a gritos la participación ciudadana y el desarrollo del proceso democrático, se convierte en dictador y obstáculo en su papel de “mensajero”. Si en la ciudad se le conoce como defensor de la pluralidad y la participación, en las lejanas aldeas es un fiel defensor del pensamiento único y el orden.

Tercero: las jefaturas tradicionales. Antes de la hecatombe colonial, las poblaciones estaban organizadas social y administrativamente en torno a multitud de reyes y jefes tradicionales. El Rey reinaba sobre un gran grupo étnico, repartido en varias tribus y pueblos, a la cabeza de los cuales se sucedían por herencia monárquica los jefes tradicionales. Esta organización rígida y vertical excluye todo tipo de elección popular y de alternancia.

Con el fin de la colonización y la instauración del partido único, los reyes y jefes pasaron a ser, en su mayoría, secretarios generales del partido, con vínculos estrechos, voluntarios o no, en sus distintas tribus y pueblos, y con toda la autoridad moral, sentimental y sobre todo mística que simbolizan. Durante más de 30 años garantizaron los éxitos del partido con resultados a veces del 99,99% del sufragio.

Si es verdad que con el tiempo estos poderes locales se ven erosionados, sería un error negarles la efectividad y el peso moral que todavía conservan. En la era del pluralismo no es que hayan renunciado a su papel de representante político; sino que se han repartido entre los distintos partidos, en función de la opción política dominante en su zona. Estas jefaturas tradicionales poco aportan a la pluralidad de pensamiento y a la participación ciudadana, dos elementos claves para el desarrollo de la democracia. A base de terror de todo tipo sigue rigiendo el “ordeno y mando”.

Finalmente: el uso del sujeto étnico y religioso como motor ideológico de movilización política. Según datos oficiales, Costa de Marfil tendría unas 60 etnias, distribuidas entre diversas tribus y pueblos, y un mosaico de religiones. El uso de este factor sociológico como argumentación política, en busca de base social suficiente para el cambio y el progreso, me parece a mí un error, o mejor dicho una estrategia a corto plazo que se nutre de sentimentalismos, y lo que es grave, una estrategia contraria a una construcción democrática sólida.

Apelar a la etnia y la religión, si a eso se añade una delimitación territorial, genera sin duda alguna adeptos masivamente, dada la atracción fuerte del sentimiento de pertenencia que cada uno de nosotros tenemos hacia nuestra tierra. Sin embargo, dicha estrategia genera tensión y enemistad, típica de los tiempos del fervor político decadente; en la medida en que, presentada como víctima, la etnia se refuerza en una actitud de acusación y repulsa del supuesto verdugo, desembocando así en la configuración y radicalización de grupos antagónicos. Prueba de ello es lo vivido en la ex-Yugoslavia, después de la explosión, entre croatas, serbios, albano-kosovares y bosnios-musulmanes. El debate se aleja entonces de la pluralidad como riqueza compartida y colectiva, para centrarse en la diferenciación, cuya base recae en la etnia, la religión o la pertenencia territorial.

A modo de conclusión

No por ello hay que caer en un pesimismo de cara al proceso democrático en Costa de Marfil. Existen soluciones, de aplicarlas quizás cambiemos a un clima propicio para un proceso dinámico y fructífero. ¿Qué soluciones proponemos? Para empezar se imponen iniciativas de promoción democrática, lideradas por la sociedad civil y, en particular, por ONGs y organizaciones profesionales de toda índole. Iniciativas dirigidas hacia los ámbitos rurales. No estaría mal un esfuerzo de comunicación de la modernidad democrática en lenguas locales. En cuanto a los jefes y reyes tradicionales, sería interesante que se les aplique la nuevas reglas democráticas de representación y designación. Es decir, si no se quiere suprimir estas figuras y sustituirlas por alcaldes modernos, por lo menos tendrán que someterse a elección en sus respectivas tribus, en un proceso abierto a todos los ciudadanos con voz y voto. De modo que el campesino pueda elegir a su gobernante, desde el presidente de la República hasta el cercano jefe o alcalde.

Con respecto al sujeto étnico y religioso, y dada la importancia del tema, cuyo resultado es la actual rebelión política que mantiene dividido el país en dos: Norte-Sur, sería interesante un pacto político entre los 4 grandes partidos, como fruto de un consenso, y su extensión si fuera posible a un pacto social con la mayoría de los interlocutores sociales. Todo ello con la finalidad de evitar el uso de las realidades étnicas, religiosas y territoriales como motores ideológicos de confrontación y movilización políticas.

Finalmente, y sobre el tema del analfabetismo, debe ser considerado como un freno al desarrollo individual y global. Resultaría adecuado pensar en la confección de un plan nacional contra el analfabetismo y desarrollar una amplia red nacional de centros de formación básica y secundaria para los adultos.


Amani Konan es ciudadano de Costa de Marfil residente en España. Es licenciado de Filología Hispánica por la Universidad Nacional de Abidjan. Diseñador y maquetador de la revista Pueblos.

Este artículo fue publicado originalmente en la edición impresa de la revista Pueblos nº 9, diciembre de 2003.


NOTAS:

  1. Ramoneda, Josep: Después de la pasión política, Círculo de Lectores, Barcelona, p.138.

 

Print Friendly, PDF & Email

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *