El conflicto que sufre en la actualidad el pueblo saharaui no es sino un problema de descolonización inconclusa. En dicho proceso, la responsabilidad histórica, política y ética fundamental le corresponde al Estado español en cuanto potencia colonial que fue del Sahara Occidental hasta 1976, ya que los Acuerdos Tripartitos carecen de cualquier valor jurídico al haberse realizado en contra de los pactos internacionales, en especial contra la Resolución 1514 de las Naciones Unidas. Por tanto, y de conformidad con las Naciones Unidas, el Sahara Occidental es un territorio no autónomo pendiente de descolonización y aunque de facto no sea así, España sigue siendo jurídicamente la potencia administradora del territorio.
El Tribunal de La Haya puso fin a cualquier aspiración jurídica de Marruecos sobre el territorio al presentar dictamen el 16 de Octubre de 1975 en el que no apreciaba vínculo alguno de soberanía entre el Sahara Occidental y el Reino de Marruecos. Ese mismo día, Hassan II anunció la “Marcha verde” que aprovechó para introducir 25.000 soldados en territorio saharaui. Las Naciones Unidas han desautorizado repetidas veces esta ocupación al no reconocer como legal ninguna adquisición territorial derivada de la amenaza o del uso de la fuerza (Resolución 2625). Marruecos no es la potencia administradora del territorio, sino la potencia ocupante.
La retirada de España y la sucesiva ocupación ilegal y militar del territorio por Marruecos han provocado una cruel guerra entre saharauis y marroquíes, con su secuela de pérdidas irreparables, un exilio masivo y el establecimiento en las zonas ocupadas de un régimen de terror.
El último capítulo de esta historia está marcado por las manifestaciones y protestas que se suceden en todo el Sahara Occidental y en algunas ciudades marroquíes desde el mes de mayo, reclamando el reestablecimiento de los derechos civiles y la aplicación del derecho de autodeterminación, reconocido por la ONU. La brutal represión – detenciones arbitrarias, torturas, saqueos, desapariciones forzadas y asesinatos- con la que las autoridades marroquíes han respondido ha despertado la alarma entre organizaciones defensoras de los derechos humanos en todo el mundo, incluido Marruecos.
A pesar de estos hechos, el gobierno de Rodríguez Zapatero no ha hecho nada por evitar este genocidio del pueblo saharaui. Al contrario, ha animado y potenciado el hecho ilegal de la ocupación mediante el establecimiento de relaciones políticas y económicas privilegiadas con el régimen marroquí, incluyendo la venta de armas que han sido utilizadas directamente en la represión.
La legalidad internacional no es selectiva y la ONU debe hacer que se apliquen las resoluciones que emanan de sí misma.
El auténtico estado de apartheid al que se ha visto sometida la población saharaui durante estos últimos 30 años, en lugar de disuadir sus aspiraciones soberanistas como pueblo, ha reafirmado su identidad nacional y diferenciada frente a la monarquía marroquí. Este sentimiento se ha intensificado y ha emergido desde el mes de mayo en lo que ya se conoce como Intifada de la Independencia a través de manifestaciones, sentadas, huelgas de hambre y otros actos de desobediencia civil en rechazo a la ocupación.
Frente a quienes pretenden que el pueblo saharaui renuncie a sus derechos y sea moneda de cambio para favorecer la estabilidad de una monarquía autárquica, se enfrenta la visión de quienes creemos que la justicia y no la fuerza es la base para construir la paz y que avanzar definitivamente hacia la realización de un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui es la única manera de garantizar en el futuro la estabilidad en la región del Magreb árabe.
*Joxe Piñas, miembro de la Plataforma Cívica Pro-Referéndum en el Sahara Occidental.Este artículo fue publicado originalmente en la Revista PUEBLOS de Diciembre de 2005.
