Hace un año, un grupo de ONGD y personas referentes de la cooperación vasca hicimos público un pronunciamiento que ponía en valor el acontecimiento histórico ocurrido el 8 de abril del 2017 en Baiona, en el que se producía el desarme ordenado, legal y verificado de ETA. Un desarme en el que la sociedad civil, quizás por primera vez en el mundo, era la protagonista, y eso quisimos subrayarlo. Un año después y confiando en que el proceso de desmovilización de ETA esté en fase resolutiva, queremos hacer balance y exponer algunos elementos que, desde nuestro conocimiento de otros procesos de paz, creemos que son necesarios abordar también en el caso vasco.
Los medios de comunicación alternativa, las sinergias entre ellos, sus formas de financiación y el feminismo se plantean como un desafío en el Estado español y en varios países latinoamericanos en los que la prensa hegemónica concentra la voz de las corporaciones y los gobiernos, invisibilizando vivencias, luchas, problemáticas y experiencias de los pueblos. La Semana de la Comunicación Alternativa, que se desarrolló del 23 al 29 de octubre en el País Vasco, ha abordado estas cuestiones desde diversos talleres e intercambio de experiencias de compañeros y compañeras provenientes de Venezuela, Colombia, México, El Salvador y Argentina, y del Estado español, de Euskal Herria, Madrid y Extremadura.
Desde la perspectiva de la próxima desmovilización de ETA, el Foro Social Permanente está impulsando el debate sobre la viabilidad y oportunidad de que esta se enmarque en un proceso DDR (Desarme, Desmovilización, Reintegración) como el definido en los Estándares Integrados de la ONU.
Las elecciones legislativas celebradas el pasado 11 de marzo en Colombia fueron consideradas las más pacificas en la historia del país, y ello pese al actual contexto de violencia (asesinato de líderes y lideresas sociales, masacres y desplazamiento forzado) y de la amplia polarización de la sociedad en post-acuerdo, a la banalización de la representación política de candidaturas diferentes a las impuestas por las élites, al sabotaje de campañas electorales y al uso de propagada sucia para movilizar votos bajo el engaño.
Desapariciones forzadas, homicidios, desplazamientos, detenciones arbitrarias, amenazas y destrozos en viviendas. Las 180 mujeres que forman el colectivo Mujeres Caminando por la Verdad (MCV) llevan varios años denunciando las graves violaciones de derechos humanos que ellas y sus seres queridos sufrieron en Medellín en 2002 durante la Operación Orión y en los años posteriores, la intervención estatal y paramilitar más grande y devastadora llevada a cabo en un centro urbano en Colombia. Ahora esperan que el Acuerdo de Paz firmado entre las FARC y el Gobierno Nacional en 2016 les dé la oportunidad de encontrar a sus seres desaparecidos, garantizar sus derechos y mostrar la verdad de cómo se vivió el conflicto armado en este territorio.
Desde que se desatara la crisis postelectoral, producto del presunto fraude que parece estar perpetrándose para proclamar nuevamente presidente a Juan Orlando Hernández, se suceden los llamados oficiales a la Paz Negativa desde las más altas esferas del poder político y económico del país. Y no es de extrañar, pues la revuelta popular que se vive en las calles amenaza al Establishment patrio con moverle el suelo y tumbar el sistema que sostiene su poder corrupto y corruptor. De ahí que, convenientemente, se inste a la población a actuar conforme la arcaica concepción negativa de la paz; esa que equipara la palabra paz con la palabra tranquilidad, y, de paso, con el sometimiento y el acatamiento del sistema político y económico sin cuestionar su legitimidad, como si de un orden natural se tratara.
